“Este 8M no estamos todas, faltan las presas”. Con esa consigna se difundieron los resultados de un relevamiento sobre las condiciones de detención de mujeres en la provincia de Corrientes. El trabajo, realizado a partir de entrevistas y registros en distintos espacios de encierro, muestra una realidad marcada por la vulneración de derechos básicos y el incumplimiento de estándares internacionales para el tratamiento de mujeres privadas de su libertad.

El informe toma como referencia las Reglas de Bangkok, aprobadas por Naciones Unidas, que establecen lineamientos específicos para garantizar condiciones dignas y un enfoque de género en contextos de encierro. Sin embargo, las conclusiones señalan que estos principios no se aplican adecuadamente en cárceles, comisarías y dependencias de fuerzas federales de la provincia.

De acuerdo con el relevamiento, de ocho mujeres entrevistadas solo cuatro tienen acceso a algún tipo de comunicación con el exterior y únicamente una recibe visitas. Además, solo tres de las ocho indicaron contar con acceso regular a alimentos. En muchos casos, los pedidos por necesidades básicas deben realizarse mediante notas escritas, un mecanismo que, según el informe, funciona como un filtro punitivo que condiciona el acceso a derechos elementales.

Las condiciones también varían según la fuerza de seguridad responsable de la detención. En algunas comisarías de la mujer y el menor se observa un régimen disciplinario más flexible, aunque con dificultades para la comunicación con familiares y problemas vinculados a la alimentación. En cambio, en delegaciones de fuerzas federales predominan reglas más estrictas y un mayor aislamiento de los vínculos familiares.

En todos los espacios relevados se identificó otro punto en común: la ausencia de actividades educativas, productivas o recreativas. Esto implica un incumplimiento de los estándares sobre condiciones de detención, ya que las personas privadas de la libertad no cuentan con acceso al trabajo ni a la educación como herramientas de formación o reinserción.

La situación también se refleja en la Unidad Penal N.º 3 de Corrientes, la única cárcel de mujeres de la provincia. Allí, el informe advierte que el servicio de salud es deficiente y no cumple con normativas nacionales ni internacionales. A su vez, las propuestas de capacitación y trabajo continúan vinculadas a roles tradicionales de género, generalmente orientadas a tareas domésticas o empleos precarizados, lo que limita las posibilidades de inserción laboral una vez recuperada la libertad.

Otro dato que complejiza el escenario es la duración de las condenas. De un total de 39 mujeres detenidas, 20 cumplen penas superiores a los 20 años, una situación que, según el análisis, dificulta aún más cualquier proceso de reinserción social y económica.

El informe también señala desigualdades en el tratamiento institucional. Mientras en la Unidad Penal N°3 se registra un promedio de tres agentes penitenciarios por cada detenida, en la Unidad Penal N.º 1 de Corrientes la relación es de un agente por cada dos detenidos. Esta diferencia impacta en la vida cotidiana dentro del penal, con mayores controles sobre la movilidad y la vestimenta de las mujeres, en un contexto donde la custodia es mayoritariamente masculina.

A esto se suma la falta de perspectiva de género en el abordaje judicial de las causas. Muchas de las mujeres detenidas provienen de contextos de extrema pobreza y, en numerosos casos, eran el principal sostén económico de sus familias antes de su detención. Según el informe, sin un enfoque que contemple estas realidades sociales resulta difícil avanzar hacia un sistema de justicia que contemple integralmente cada caso.

Los datos fueron relevados por el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA junto con la Red de Derechos Humanos de Corrientes en el informe “Cárcel, género y desigualdad”. El trabajo también retoma experiencias de inclusión social, como el proyecto “Manos Artesanas”, un espacio de producción y comercialización de artesanías realizado con mujeres privadas de la libertad en la Unidad Penal N°3.

Las conclusiones del informe señalan la necesidad de implementar medidas concretas que mejoren las condiciones de vida en los lugares de encierro y garanticen acceso real a educación, trabajo, salud y actividades recreativas. Para las autoras y autores del relevamiento, avanzar en estas políticas no solo implica cumplir con las normativas vigentes, sino también construir condiciones que permitan una reinserción efectiva y digna.

Incluso en contextos de encierro, la dignidad y la esperanza no deberían ser una excepción, sino un derecho.