Por Jeremias Giordano 

El gobernador Gustavo Valdés volvió a alinearse con Javier Milei. Lo hizo sin ambigüedades, al declarar públicamente, en un medio porteño de alcance nacional, que “de una vez por todas hay que modernizar la legislación laboral”. Con esa frase, el mandatario correntino se ubicó del lado de quienes promueven una flexibilización profunda del trabajo en la Argentina, bajo el argumento de que la legislación actual “no se adapta a los tiempos que corren”.

La llamada “modernización” que impulsa Milei contempla la extensión de la jornada laboral, la fragmentación de las vacaciones, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y una redefinición de los créditos laborales que favorece al empleador. Lo que el discurso oficial llama “reforma” no es otra cosa que una reducción de derechos, una transferencia de cargas desde las empresas hacia los trabajadores.

Valdés, que durante meses intentó mostrarse como un referente de un federalismo moderado, terminó volviendo al lugar donde parece sentirse más cómodo: el seguidismo político. Antes de las elecciones legislativas nacionales, buscó tomar distancia del libertario a través de la alianza Provincias Unidas, un armado que se presentaba como alternativa al poder central y que prometía defender los intereses provinciales. Sin embargo, tras el resultado adverso, ese intento de diferenciación se desdibujó rápidamente.

Hoy, el discurso del gobernador radical vuelve a coincidir casi palabra por palabra con el del presidente. La promesa de “federalismo” quedó reemplazada por la obediencia discursiva a las reformas que emanan de Buenos Aires. Valdés no sólo respalda la reforma laboral sino también la política económica general del gobierno nacional, basada en el ajuste del gasto público y la desregulación de los derechos laborales.

A pesar de haber sido uno de los primeros dirigentes radicales en ofrecer respaldo a Milei, el mandatario correntino no obtuvo a cambio ninguna ventaja política o institucional relevante. Ni los reclamos provinciales por coparticipación ni las demandas de financiamiento tuvieron respuesta. Pero eso no pareció alterar su posición: el alineamiento con el poder central es, más que una táctica coyuntural, una definición política.

Su respaldo a la reforma laboral deja en evidencia el cambio de paradigma dentro de una parte del radicalismo que abandona su tradición socialdemócrata para asumir un discurso de mercado puro. En nombre de la “modernización”, Valdés acompaña una agenda que busca reducir el costo laboral y desarticular la negociación colectiva, sin ofrecer una sola medida que proteja al trabajador frente a la precarización.

La contradicción es evidente: mientras reivindica la autonomía provincial y la defensa del federalismo, el gobernador se pliega sin reparos a la estrategia centralista del Ejecutivo nacional. La palabra “modernizar”, usada como bandera, encubre un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

En los hechos, el correntino consolida su lugar dentro de la órbita de Milei, a la espera de que esa lealtad política se traduzca —alguna vez— en beneficios concretos para su provincia. Por ahora, lo único claro es que el gobernador radical eligió ser más aliado que interlocutor, más ejecutor que contrapeso, más seguidor que dirigente.