03-08-2017 / 09:37
Solicitan que una escuela no lleve el nombre de Adolfo Navajas Artaza


Militantes sociales, de derechos humanos y políticos entregaron una nota al gobernador, exigiendo que la Escuela Técnica N°1 de Santo Tomé no lleve el nombre de Adolfo Navajas Artaza. El empresario está vinculado con delitos de Lesa Humanidad.
Mediante una nota presentada al gobernador de la Provincia, Ricardo Colombi, dirigentes y militantes de la región exigieron que se dé marcha atrás con la colocación del nombre de Adolfo Navajas Artaza a la Escuela Técnica N°1 de Santo Tomé. El empresario yerbatero está vinculado a la represión que se desató durante la última dictadura militar.

La imposición del nombre de Navajas Artaza a la escuela mencionada surgió tras la publicación del decreto N° 1353, con fecha del 9 de junio del corriente año. Lleva la firma de Colombi y de la ministra de Educación, Susana Benítez.

En la carta que es firmada por decenas de referentes sociales, derechos humanos, políticos y juveniles de la región; consideran “inconcebible que un gobierno democrático no vele por el respeto a los Derechos Humanos y la memoria de las víctimas del Terrorismo de Estado”.

Como tampoco se acepta “se premie a uno de los principales sospechosos y nombrado en diversas testimoniales, obrantes en causas por delitos de Lesa Humanidad”.

Durante la misiva se denuncia el secuestro de más de una decena de trabajadores del establecimiento Las Marías, propiedad de Navajas Artaza, casi todos ellos con participación en los sindicatos.

Allí se nombra los casos Marcelo Acuña (Secretario Gral STIA), Pablo Franco (Tesorero de STIA) y Ramón Aguirre, (Sec Gral Fatre), el ex abogado del sindicato, Julio Gervasoni, y Agustín Lembú Mendieta (delegado de Fatre). Todos secuestrados en 1976.

En 1977 continúa la persecución con los secuestros de representantes gremiales y abogados de los operarios de Las Marías, como Epifanio Silvestre Monzón, Moisés Belsky; Juan Manuel Gómez; Jacinto Bernal; Benjamín Areco; Héctor Sena; Carlos Arturo Escobar Solano y la desaparición de los operarios Marcelo Peralta y Neri Victoriano Pérez (Secretario adjunto de Fatre).

“En estos hechos existen fuertes y variadas evidencias de responsabilidad por parte de la empresa y, particularmente, de Adolfo Navajas Artaza, quien por ese entonces era el que tomaba las decisiones ocupando el más alto cargo jerárquico en la empresa familiar”, se señala.

Según la denuncia, “de los expedientes judiciales se desprende que, además de proveer información, y recursos logísticos y materiales a las fuerzas que efectuaron los secuestros, Navajas Artaza es sindicado como quien daba las órdenes para llevar adelante las detenciones”

Para argumentas la últimos se destaca que “la presencia de personal policial participante de esos hechos dentro de la empresa, como secuestros de trabajadores en viviendas emplazadas dentro de propiedades de la firma”.

“Finalmente, debe resaltarse la existencia de fuertes vínculos personales y políticos mantenidos por los dueños de la empresa con las Fuerzas Armadas”, indica la carta presentada a Colombi.

Entre los casos más resonantes, está el de Héctor Torres Queirel, militar y administrador del establecimiento “María Aleida”, vinculado a Las Marías, fue interventor municipal de Gobernador Virasoro durante la dictadura, mientras que el propio Adolfo Navajas Artaza se desempeñó como Ministro de Acción Social durante la presidencia de facto del general Reynaldo Bignone.

Por últimos, se recuerda una declaración periodística del propio Navajas Artaza en el año 2005, reivindicando el Terrorismo de Estado. “Nosotros estamos en democracia porque la dictadura militar derrotó a la subversión”, dijo en esa época.


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