03-11-2017 / 18:38
Justicia Federal correntina procesó a empresarios por casos de Trata


Procesaron con embargos millonarios a once empresarios acusados de integrar una organización dedicada al lavado de dinero proveniente de la trata, el narcotráfico y el contrabando de divisas, vinculada con una red de prostitución.
La Justicia Federal correntina procesó con embargos millonarios a once empresarios acusados de integrar una organización dedicada al lavado de dinero proveniente de la trata, el narcotráfico y el contrabando de divisas, vinculada con una red de prostitución por la que está procesado un ex fiscal federal de esa provincia, informaron ayer fuentes judiciales.

A partir de una investigación desarrollada por los fiscales Carlos Schaefer y Fabián Martínez, las Procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de Trata (Protex), la medida fue adoptada por la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, quien embargó hasta la suma de 3.000.000 de pesos a los sospechosos de estar vinculados a la red que prostituyó a 38 víctimas de trata.

Además, la magistrada ordenó el decomiso definitivo de 37 autos, lanchas, motos, camionetas y hasta un tractor, pertenecientes a la organización, que también está implicada en el montaje de empresas “fantasmas” para el lavado de activos de origen ilícito, según indica el expediente.

Los procesamientos, sin prisión, fueron dictados contra Ricardo Aguirre (62), Ricardo Gustavo Aguirre (37) –padre e hijo respectivamente, procesados junto al ex fiscal de Paso de los Libres Benito Pont por trata y prostitución–, María Clelia Espada (63), Pablo Martín Marsilli (41), Héctor Gavarone (42), Fernando Marticorena (39), Héctor Marsilli (39), Leonel Zappa (27), David Loza (34), Eduardo Bravo (33) y José Acebal (40).

En tanto, se ordenó reiterar pedidos a Interpol para la captura internacional del prófugo Jorge Castro Gentil, un brasileño declarado en rebeldía en esta causa.

En su fallo, la titular del juzgado de Paso de los Libres puso de manifiesto que existen “peligros procesales concretos”, teniendo en cuenta que los investigados “habiendo tomado conocimiento de la existencia del proceso penal en curso, se habrían desprendido rápidamente de sus bienes para que los mismos no resulten alcanzados en caso de ordenarse su decomiso”.

Por eso, ordenó que se impongan decomisos anticipados y definitivos con carácter de “muy urgente”.


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