10-07-2018 / 09:02
Virasoro: comienza el segundo tramo del juicio contra Las Marías


Este martes comenzó la segunda etapa del juicio oral que investiga la responsabilidad del ex intendente de facto de Virasoro, Héctor María Torres Quirel. Se lo investiga por la desaparición forzada de trabajadores del Establecimiento Las Marías.
Este martes comenzó en Gobernador Virasoro la segunda etapa del juicio que investiga la desparición forzada de trabajadores en el Establecimiento Las Marías, durante la última dictadura militar. El único imputado es el ex intendente de facto de esa localidad, Héctor María Torres Quierel, aunque los testimonios dejan en evidencia en la responsabilidad y complicidad empresarial en la represión ilegal.

En esta etapa procesal, la fiscalía, la querella y la defensa evaluarán si se dan por satisfechas con los testimonio o insisten con testigos que no pudieron acudir a las primeras audiencias, así como de una inspección ocular que estaba prevista y que no pudo ser realizada. Asimismo, comenzará la etapa de incorporación de pruebas, previa al cierre del debate y al inicio de la etapa alegatos.

La causa de Las Marías, la empresa yerbatera perteneciente al grupo Navajas Artaza, investiga la privación ilegítima de la libertad de delegados de los sindicatos de la industria de la alimentación (Stia) y de trabajadores rurales (Fatre) de Virasoro.

Dos de las víctimas, el obrero Marcelo Peralta y el tractorista Neris Pérez, fueron desaparecidos en junio de 1977 y también fueron víctimas de la represión Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez, entre otros trabajadores.

En el primer tramo del debate, nuevos testimonios ratificaron que el motivo de la represión fue la actividad sindical del trabajador. Torres Queirel, además de sus funciones político-militares, administraba ese campo yerbatero cuya producción finalizaba en el Establacimiento Las Marías, algo que ocurre aún con casi toda la producción de la zona.

El testimonio del policía retirado Walter Ramírez reconoció que en Villa Corina, una estancia que se encuentra frente a la administrada Torres Queirel, tenía asiento una base operativa militar policial desde la que los agente partían para realizar allanamientos y “chupaban a la gente”, especialmente de noche.


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