04-09-2019 / 13:51
Denuncian desalojos ilegales en asentamiento rural de Santa Rosa


Desde la Federación Campesina Guaraní denunciaron que una persona y la Policía de Corrientes pretenden desalojar a decenas de familias de un terreno que ocuparon para construir sus viviendas. Un juez dictó una medida de no innovar.
Una persona llamada Eduardo Ramírez, junto a la Policía de Corrientes, intentaron desalojar a decenas de familias que constuyeron sus viviendas en un terreno en desuso en la zona rural de Santa Rosa. Un juez dictó una medida de no innovar sobre el territorio en conflicto.

Los hechos de violencia se sucedieron en las 104 hectáreas que comprenden los barrios San José Obrero, Desatanudos y aledaños, de la localidad de Santa Rosa. Hasta allí llegó Ramírez, quien dice ser el dueño de las tierras, en complicidad con el comisario Orrego y la policía local, para derribar las casas precarias que construyó la gente que ocupó el lugar.

Para ello, "usaron motosierras, palos y amenazas de detenciones por parte de la policía, han dejado sin lugar donde habitar a varias familias que no tienen más recursos que lo puesto", afirmaron desde la Federación Campesina Guaraní.

Más allá de sus palabras, el supuesto dueño no mostró ningún documento legal que certifique su derecho sobre las tierras. En todos los hechos violentos tampoco se esgrimió una orden judicial.

Ante esta situación, el juez de instrucción y correccional, Ramón Alberto Ríos, decidió dictar una medida de no innovar sobre el terreno en conflicto hasta tanto resuelva que hacer.

"Sin embargo, continúan las amenazas y las patrullas policiales durante la siesta y la noche, acompañados por individuos que trabajan para Ramírez, o más de una vez el mismo en persona  junto a sus hijos Jorge Eduardo Ramírez, José Orlando Ramírez, Ramón Emanuel Ramírez y Mirian Rocío Ramírez llegan  hasta el lugar con constantes aprietes a mujeres y menores de edad, y por supuesto esto genera que las familias de estos barrios teman represalias mayores", relató Alejandra Aquino referente de la comisión vecinal del barrio San José Obrero.

"Denunciamos estos hechos violentos y hacemos responsables al comisario Orrego sobre lo que pueda sucederle a las familias que están en conflicto de los barrios Desatanudos, San José Obrero y aledaños", agregó.

"Además en asamblea vecinal hemos resuelto un Acampe como medida de protesta y de resguardo ante cualquier hecho violento o represivo", declaró la referente local.

Finalmente, exigieron al juez Ramón Ríos "la inmediata resolución del conflicto que no puede ser otro que la supremacía del derecho a un hábitat digno, por encima de la especulación inmobiliaria basada en instrumentos ilegales y el uso de la fuerza para sembrar miedo y más violencia".


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