10-08-2020 / 07:53
Continúa el juicio que involucra a un genocida que vive en Bella Vista


Se desarrolla el juicio por delitos de lesa humanidad en el que está acusado Humberto Cubas, el represor que vive en Bella Vista desde hace 40 años. Ocultó su pasado hasta el 2015, cuando fuerzas federales lo detuvieron luego de votar.
La semana pasada se realizó la tercera audiencia del juicio por la causa conocida como Vesubio III, y en la cual se investiga la participación en distintos delitos de lesa humanidad de Humberto Eduardo Cubas, un genocida que vive en Bella Vista desde hace 40 años. Es el primer proceso oral de este tipo que se celebra a distancia y por videoconferencia en la ciudad de Buenos Aires desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.

Cubas fue acusado por el juez, Daniel Rafecas, quien lo imputó por dos hechos concretos ocurridos en 1977: la desaparición de una militante política llamada Guillermina Silvia Vázquez; y en la denominada Masacre de Monte Grande, donde fueron acribilladas 16 personas. En ese momento, el represor era teniente de una compañía del Regimiento de Infantería N° 3 de La Tablada.

El juicio actual es el tercer tramo de la causa por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio. Alcanza a diez imputados, por el homicidio de 50 personas y la privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas de 370 personas

Cubas fue detenido en octubre del 2015 por la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA) en momentos que emitía su voto en una escuela de Bella Vista. Siempre se negó a declarar y fue liberado. Espera la sentencia del juicio en su casa de la localidad correntina.

El hecho más conmocionante por el cual se lo acusa es la Masacre de Monte Grande, que fuera relatado por el periodista Pablo Llonto hace unos años en el programa radial local “El Puente”.

Allí Llonto relató que se trató de un falso operativo del Ejército ocurrido entre el 23 y 24 de mayo de 1977. “Sacaron a 16 militantes políticos que estaban detenidos en El Vesubio, los llevaron a una casa ubicada en Monte Grande, donde llegaron oficiales, suboficiales y soldados del Ejército quienes dispararon contra la vivienda de forma tremenda”, contó.

Inmediatamente después, el Ejército argentino emitió un comunicado informando que se abatieron a 16 guerrilleros de distintas organizaciones que estaban reunidos en esa casa. “Fue uno de los tantos operativos fraguados como falsos enfrentamientos”, señaló Llonto.

Los cuerpos fueron enterrados como NN en una fosa común del cementerio de Monte Grande. Catorce de los mismos fueron reconocidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense, mientras que los otros dos siguen sin reconocer.

Llonto rescató el aporte de los colimbas de ese tiempo para llegar a la verdad sobre la masacre de Monte Grande. “Uno de ellos se contactó conmigo, me invitó a tomar un café y allí me mostró el recorte periodístico de la época donde se reflejó la versión del Ejército”. “Yo estuve ahí, me dijo y me contó los sucedido”, recordó el periodista.

“Los llevaron engañados diciéndole que había guerrilleros disparando contra el ejército, pero al llegar al lugar se dieron cuenta que fueron para encubrir un falso enfrentamiento”, rememoró. La Masacre de Monte Grande, fue un hecho más de los que los militares “llamaban acciones psicológicas para demostrar que estaban venciendo al enemigo”, afirmó.

Para el esclarecimiento del hecho también fueron claves los testimonios de las y los sobrevivientes del Vesubio; quienes relataron con precisión como un día reunieron a 16 detenidos y los sacaron del Centro Clandestino a todos juntos. “Los vistieron como si fuera que los iban a dejar libre, pero con el tiempo todos se enteraron en que terminó ese traslado”, aseveró Llonto.

Después de estos terribles hechos, de los cuales fue participe, Cubas llegó a la ciudad de Bella Vista en la década del 80 donde realizó su vida sin remordimientos y sin que nadie lo juzgue por los delitos cometidos. En la localidad correntina recién se descubrió quién era cuando la detuvieron después de votar hace casi cinco años.

En las próximas semanas tendrá que declarar en el juicio oral y público, y luego esperará el veredicto en su casa.


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