La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró el tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se lleva a cabo en el país. Lo hizo a través de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de la Comisión de Derechos Humanos del organismo, Dubravka Šimonovic. El jueves se espera una sesión de 36 horas en Diputados para tratar el proyecto.

En las últimas horas, Šimonovic se refirió al texto que será tratado en los próximos días en la Cámara de Diputados y que además de legalizar el aborto prevé el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. A propósito de ello, instó a los legisladores a avanzar en su aprobación al sostener que da “cumplimiento a las obligaciones internacionales de la República de Argentina en materia de derechos humanos”.

La palabra de Šimonovic llega días después de que la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, le informase sobre el envío al Congreso de las iniciativas. En su respuesta a la funcionaria argentina, la Relatora Especial recordó que tras su visita al país en 2016, había señalado que la penalización de dicha práctica sumado al hecho que personal médico solicitara autorización judicial a la hora de practicar interrupciones del embarazo - incluso cuando se debían realizar dentro de las causales previstas en el Código Penal - “convertía al aborto en una práctica inaccesible incluso en los casos excepcionales contemplados por la ley”.

En aquel entonces, la representante de la ONU había manifestado su preocupación respecto al impacto de la criminalización del aborto sobre la mortalidad materna, luego de haber tomado conocimiento de mujeres que habían sido denunciadas a la policía tras abortar y solicitar ayuda en un hospital público.

“A luz de los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres, recomendé que se suprimieran las medidas punitivas que penalizan a las mujeres que se someten a abortos y se aprobara una ley que regulara los abortos legales, al menos en lo concerniente a los embarazos resultantes de una violación o un incesto, los embarazos en que la vida o la salud de la embarazada esté en peligro, y los embarazos en que exista una deficiencia fetal grave. Asimismo, recomendé que se establecieran requisitos justificativos para evitar la invocación general de la objeción de consciencia por los médicos que se niegan a llevar a cabo abortos”, dijo.

Respecto a los proyecto de ley referidos a la salud de las mujeres sostuvo que “expresamente se enmarcan en el derecho internacional de los derechos humanos y tratan de apoyar a las mujeres en sus decisiones reproductivas”. “El proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo legaliza el procedimiento hasta la semana 14 del proceso gestacional, asegurando el acceso universal y gratuito al procedimiento; establece derechos en la atención de la salud; restringe las posibilidades de objeción de conciencia; asegura cuidados de salud posteriores necesarios y promueve políticas de educación sexual integral y salud sexual y reproductiva. Es de resaltar que los proyectos de ley tratan de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, adoptando un lenguaje que incluye expresamente las personas trans y de género diverso”, expresó.

Tras solicitar su aprobación por parte del Congreso, señaló que seguirá de cerca el debate legislativo respecto a los referidos proyectos de ley y otros que tengan impacto en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a una vida libre de violencia.

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