El intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, fue denunciado por abuso sexual por una ex empleada de la Municipalidad de esa localidad. Además, el abogado de la víctima solicitará juicio político al fiscal, Facundo Cabral, que caratuló la causa como abuso de autoridad y citó a declarar al jefe comunal en carácter de testigo.

La víctima tiene hoy 22 años y en 2019 integró en las elecciones la lista de Concejales del partido de Garay (Frente de Todos). La denuncia fue radicada el pasado 20 de febrero en la Comisaría Primera de Santo Tomé donde narró que desde 2018 fue amenazada y extorsionada por el intendente para mantener relaciones sexuales a cambio de no perder su puesto de trabajo. 

También sostuvo que hay más empleadas municipales en su situación y solicitó una prohibición de acercamiento contra el Jefe Comunal, de acuerdo a lo consignado por Misiones Online.

La joven ingresó primero en la Dirección de Bromatología del Municipio, y luego pasó a desempeñarse en el sector de Economía siendo reemplazada por su hermana en su antiguo lugar de trabajo.

Según el testimonio en la sede policial, los abusos se dieron en la casa del intendente. Contó que en ocasiones, él pasaba a buscarla por su domicilio y en otras oportunidades, le pagaba un remis y le pedía que se bajar una cuadra antes de llegar al lugar.

En diciembre  2020, la joven le pidió al mandatario local que dejaran de verse. En su testimonio indica que Garay se molestó, la insultó diciendo que “tenía la mente frágil” y la amenazó recordándole que “gracias a él, ella y su hermana tenían trabajo”.

En febrero de este año fue despedida de la Municipalidad, no sin antes haber sido citada nuevamente por el jefe comunal para verse en su casa, lo que ella rechazó. La joven sostuvo que Garay en todo momento se aprovechó también de la edad (tenía 55 años) y ella 19 para obligarla a tener relaciones sexuales a cambio de dinero de la Municipalidad. 

El Frente de Mujeres del Movimiento Evita de Corrientes emitió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con la víctima.

"Dar trabajo a una persona, sabiendo que la vida y la de su familia depende de ello, a cambio de favores sexuales es un acto aberrante", consideraron. "Ya no solo constituye violencia económica y abuso de poder, sino que perpetua prácticas misóginas que debemos desterrar", agregaron.

"Un funcionario que abusa de su poder para lograr que jóvenes y adolescentes en situación vulnerable accedan a prácticas sexuales debe ser repudiado por toda la sociedad", afirmaron.