02-12-2021 / 17:54
Presentaron el caso de Guillermo Galantini ante organismos internacionales


La Liga Argentina por los Derechos Humanos presentó ante organismos internacionales el caso del dirigente social y político que está detenido en Curuzú Cuatiá. Afirman que es un preso político y piden su inmediata liberación.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) expuso el caso de Guillermo Galantini ante organizaciones internacionales. Lo hizo a través de una carta enviada a la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura y Observatorio para la Protección de defensores de Derechos Humanos.

En el documento se afirma que Galantini es un preso político del Gobierno correntino y piden su inmediata liberación. El dirigente social y político está detenido en la Comisaría 1° de Curuzú Cuatiá, a donde fue trasladado luego de ser apresado en una violenta represión policial que se sucedió a un desalojo en Monte Caseros.

“Buscamos que estos organismos activen un protocolo dentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de protección de defensores de derechos humanos”, informó el presidente de la Ladh, José Schulman.

En el escrito presentado, la Ladh relató que el 23 de noviembre Galantini, junto a sus hijos y otros dos detenidos “fueron golpeados, torturados, amenazados por las fuerzas policiales, alojados en la Comisaria Primera de Monte Caseros, incomunicados por más de 24 horas sin informar los motivos de su detención”.

Al día siguiente, Galantini “fue trasladado a escondidas en una camioneta con los mismos oficiales que lo golpearon y por orden del fiscal López Ruiz y el comisario Fernández de la Comisaria Primera, sin informar ni dar aviso que lo trasladarían a otra localidad”, indicaron.

“Se busca disciplinar las críticas públicas y gobernar pisoteando derechos para seguir acaparando las riquezas provinciales entre pocos privilegiados de una elite política conservadora que ya lleva gobernando más de 20 años en la provincia de Corrientes”.

“Se lo llevan diciendo que irían a una revisión médica al Hospital de Monte Caseros, pero desvían el trayecto por la ciudad llevándolo en la camioneta policial a alta velocidad en pleno centro de Monte Caseros, hacia la localidad de Curuzu Cuatia estando por horas en carácter de desaparecido ya que esta decisión nunca se informó a la familia ni a los miembros de su organización”, añadieron.

La Ladh recalcó que Galantini “sigue detenido en la Comisaria Primera de Curuzú Cuatiá y continúa padeciendo los abusos de poder institucional, del poder político y judicial”. Asimismo, señalaron que el fiscal López Ruiz y el juez Eduardo Alegre, denegaron el pedido de Excarcelación realizado por la Defensa.

Bajo los argumentos que Galantini, “por las redes sociales y alentando la movilización social, lograría obstaculizar el accionar judicial”.  Sin embargo, “las leyes argentinas y los tratados internacionales con rango constitucional salvaguardan las libertades civiles para peticionar a las autoridades y la libre expresión y, su cercenamiento, no pueden ser usados para afirmar que ellas serán motivos que puedan entorpecer la investigación judicial”, afirmaron desde la Ladh.

La otra razón expresada por los funcionarios judiciales es que existe el riesgo de que Galantini se fugue. Lo cual “tiene aún menos asidero que la anterior ya que, en sus años de militancia por los derechos humanos, Galantini soportó falsas acusaciones y armados de causas judiciales y juicios ante el tribunal, en las cuales siempre estuvo a derecho presentándose cada vez que la Justicia lo precisara, nunca faltó ni puso excusas a las citaciones judiciales, causas en las cuales resultó siempre sobreseído”, argumentaron.

“Hay una sola razón en estas resoluciones: y es el de perpetrar un ataque político – institucional, ilegal e inconstitucional, contra un defensor de los Derechos Humanos que ampara a las personas con su organización y les brinda asistencia y contención y, a través de él, a los sectores vulnerables de la población que sufren la marginalidad, la exclusión social y la violencia policial por parte de los funcionarios públicos”, resaltaron desde la Ladh.

Todo ello para “disciplinar las críticas públicas y gobernar pisoteando derechos para seguir acaparando las riquezas provinciales entre pocos privilegiados de una elite política conservadora que ya lleva gobernando más de 20 años en la provincia de Corrientes”, sostuvieron.

“Por eso decimos que Guillermo Galantini es un preso político”, reafirmaron.

La Justicia le imputa a Galantini los siguientes delitos: Atentado a los medios de transporte; Instigación a cometer delitos; Lesiones Leves Agravadas, Lesiones Graves Agravadas; y Desobediencia a una orden judicial.

Todo ello sustentado por el momento en la testimonial del personal policial que protagonizó la represión en este desalojo violento.

Según la Ladh, “se está utilizando todo el poder de persecución penal del Estado, para criminalizar la actuación legitima de los Organismos de Derechos Humanos en la Provincia. Galantini es el fundador y uno de los principales referentes de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (Codeju).

La Codeju “es un Organismo de Derechos Humanos autogestivo que trabaja en Corrientes hace más 20 años, vinculándose con víctimas de flagelos sociales provocados por el estado, sus políticas públicas o sus funcionarios, a los fines de contener, educar y acompañar la movilización (si la hubiere) a quienes sufren las violencias institucionales y sociales”, completó la Ladh.


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