El acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y parte de las representaciones gremiales docentes no logró cerrar el conflicto universitario. Aunque la propuesta oficial permitió desactivar algunas medidas de fuerza previstas para la próxima semana, la CONADU Histórica rechazó el entendimiento y ratificó el paro nacional docente universitario que comenzará el 16 de junio.

El acta firmada contempla una recomposición salarial del 24,33%, distribuida en un incremento del 21,33% para junio y otro 3% en octubre. Además, incluye una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades, una partida extraordinaria de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios, un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano y la apertura de negociaciones paritarias cada tres meses durante lo que resta del año. Según lo informado oficialmente, la propuesta busca recuperar la pérdida salarial registrada durante 2025 y parte de 2024.

La mesa de negociación estuvo integrada por representantes del Ministerio de Capital Humano, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones gremiales docentes del sistema universitario nacional. 

Sin embargo, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió rechazar la propuesta. A través de su Congreso, que reunió los mandatos de sus asociaciones de base de todo el país, la federación consideró insuficiente la oferta salarial y ratificó el paro nacional previsto entre el 16 y el 19 de junio.

En un comunicado difundido tras la reunión, la organización sostuvo que mantiene los reclamos de recomposición salarial de acuerdo con la Ley de Financiamiento Universitario, presupuesto adecuado para el funcionamiento de las universidades públicas y fortalecimiento de las becas estudiantiles.

La decisión deja en evidencia que el acuerdo alcanzado esta semana no logró un consenso pleno dentro del movimiento sindical universitario. Mientras algunos sectores valoraron la reapertura de las paritarias y los refuerzos presupuestarios obtenidos, otros consideran que la propuesta continúa lejos de resolver el deterioro salarial acumulado durante los últimos años.

Además, el entendimiento no implica el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los principales reclamos sostenidos por rectores, docentes, nodocentes y estudiantes desde el inicio del conflicto. De hecho, el CIN confirmó que continuará la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema para exigir la plena aplicación de la norma. 

De esta manera, el Gobierno consiguió un acuerdo parcial que descomprime el conflicto con parte de los actores del sistema universitario, pero no logró cerrar definitivamente una disputa que combina reclamos salariales, presupuestarios y de financiamiento para la educación superior pública.