Por Nueva Mirada 

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la investigación parece avanzar hacia una paradoja: el juicio oral intenta determinar responsabilidades por la sustracción y el ocultamiento del niño, mientras la Justicia acaba de cerrar, mediante sobreseimientos, la investigación que sostenía una de las hipótesis más graves y complejas del caso: que Loan pudiera haber sido víctima de una maniobra vinculada con la trata de personas.

Este martes, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, sobreseyó a las personas que permanecían imputadas en el expediente paralelo que investigaba la hipótesis de trata con fines de explotación y apropiación de Loan. 

Entre los beneficiados por la resolución aparecen Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Carlos Guido Pérez, María Victoria Caillava, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, el excomisario Walter Maciel y el expolicía Francisco Méndez. La resolución, de más de cien páginas, sostuvo que no existían elementos suficientes para mantener esas acusaciones. La investigación sobre el paradero de Loan, sin embargo, continúa y el juicio oral por la sustracción y el ocultamiento sigue adelante.

Pero allí aparece la pregunta que atraviesa todo el expediente: ¿Qué se está juzgando realmente si todavía no se sabe qué ocurrió con Loan, dónde está y cuál fue el objetivo de su desaparición?

Porque una cosa es reconstruir los hechos inmediatamente posteriores a la desaparición y establecer responsabilidades penales. Otra, mucho más profunda, es determinar qué ocurrió con el niño, por qué fue separado de su entorno y, sobre todo, para qué.

La hipótesis de la trata no apareció de manera marginal en la investigación. En junio de 2024, cuando la causa pasó al fuero federal, seis detenidos fueron vinculados a una investigación por trata de personas. Entre ellos estaban Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel. La investigación federal comenzó a mirar el caso desde una perspectiva diferente a la de un simple extravío o una desaparición accidental.

Con el paso del tiempo, esa línea comenzó a perder peso hasta llegar a la situación actual: los imputados por esa hipótesis fueron sobreseídos. El problema es que cerrar una hipótesis no equivale a explicar un caso. Y allí está una de las mayores debilidades que deja expuestas el proceso judicial. 

Si se abandona la hipótesis de trata porque no existen pruebas suficientes para sostener una acusación, la pregunta no desaparece. Al contrario: se vuelve todavía más necesaria. ¿Quién se llevó a Loan? ¿Para qué? ¿Qué ocurrió con él después? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Quién pudo beneficiarse de su desaparición? ¿Hubo una organización detrás? ¿Existió encubrimiento? ¿Por qué durante las primeras horas y días aparecieron maniobras que desviaron la búsqueda? Esas preguntas siguen sin respuesta.

La pista falsa que cambió la investigación

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió apenas quince días después de la desaparición. Laudelina Peña, tía de Loan, fue trasladada desde 9 de Julio hasta la ciudad de Corrientes para declarar ante el fiscal provincial Gustavo Roubineau. Lo hizo acompañada por su hija Macarena, el abogado José Fernández Codazzi y el senador provincial Diego Pellegrini.

La declaración cambió abruptamente el rumbo de la investigación. Laudelina afirmó que Loan había sido atropellado accidentalmente por Carlos Pérez y María Victoria Caillava y que posteriormente habían ocultado su cuerpo. La hipótesis generó nuevos rastrillajes y desplazó durante varios días la atención hacia la búsqueda de un cuerpo que finalmente nunca apareció.

El entonces gobernador Gustavo Valdés incluso presentó públicamente aquella declaración como un avance decisivo en la investigación. Pero la versión terminó cayéndose.

Laudelina posteriormente reconoció que aquella historia era falsa y acusó a su entonces abogado, José Codazzi, y al senador Diego Pellegrini de haber intervenido en las circunstancias que rodearon aquella declaración. Según su relato, recibió dinero y fue presionada para sostener la versión del supuesto accidente.

Nunca se estableció judicialmente que Pellegrini o Codazzi hayan participado en la desaparición de Loan. Pero el episodio sí generó interrogantes que justificaban, como mínimo, una investigación exhaustiva sobre quién organizó aquella declaración, por qué se llevó a una testigo a declarar ante una fiscalía provincial cuando la causa ya había adquirido dimensión federal y qué objetivo perseguía aquella maniobra.

La Justicia incluso ordenó realizar un entrecruzamiento de comunicaciones entre Laudelina Peña, su hija Macarena, Codazzi y Pellegrini. La medida fue solicitada por el fiscal Mariano de Guzmán. Sin embargo, ninguno de esos dos nombres llegó al juicio oral como acusado por la desaparición de Loan. Pellegrini declararó como testigo. Codazzi tampoco está sentado en el banquillo.

Y Gustavo Valdés, cuyo gobierno quedó inevitablemente relacionado con algunos de los protagonistas de aquella maniobra, tampoco forma parte del proceso.

Los nombres que quedaron alrededor del caso

El entramado de nombres que apareció alrededor de aquella falsa pista tampoco puede analizarse aisladamente.

Diego Pellegrini es un dirigente radical correntino y un hombre políticamente cercano a Gustavo Valdés. José Codazzi era el abogado de Laudelina y, según distintas investigaciones periodísticas y denuncias presentadas durante 2024, mantenía vínculos con sectores del poder político provincial.

Codazzi está casado con Guillermina Traverso, quien se desempeñaba como secretaria del entonces ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte. La propia Fundación La Alameda, encabezada por Gustavo Vera, presentó en julio de 2024 una denuncia ante la Justicia Federal en la que reclamó investigar una posible trama de encubrimiento vinculada con una red de trata y señaló presuntos vínculos empresariales, políticos, policiales y judiciales.

La denuncia también mencionó a Gloria Fornies, concejal de Esquina y madre de Traverso, dentro del entramado político señalado por la organización. Es importante aclararlo: esos vínculos fueron denunciados y publicados, pero no constituyen por sí mismos prueba de participación criminal.

El dato político más concreto es que Buenaventura Duarte terminó renunciando al Ministerio de Seguridad de Corrientes el 12 de julio de 2024, en medio de la conmoción provocada por el caso y luego de que trascendieran las denuncias sobre los vínculos de Codazzi con su entorno. Fue reemplazado por Alfredo Vallejos.

Es decir: alrededor de la desaparición de Loan existió un conjunto de relaciones políticas, judiciales y policiales que fueron suficientemente relevantes como para generar denuncias, investigaciones y consecuencias políticas. Pero esas relaciones no forman parte del juicio principal como una trama a esclarecer.

El problema de juzgar sin explicar

El juicio oral puede establecer si Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel tuvieron responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.

Pero aun una eventual condena no respondería necesariamente la pregunta fundamental: ¿Qué pasó con Loan después de su desaparición? Y mucho menos explicaría por qué.

La justicia puede determinar que determinadas personas participaron de la sustracción u ocultamiento. Puede establecer responsabilidades individuales. Puede condenar por esos delitos. Pero si el niño continúa desaparecido, el caso no puede reducirse a encontrar culpables de una secuencia cuyo objetivo final permanece desconocido.

Porque saber quién hizo algo no necesariamente permite saber para qué lo hizo. Y en el caso Loan esa diferencia es fundamental.

Durante los primeros días se habló de un extravío. Después apareció la hipótesis de un accidente. Luego la de la sustracción. Después la de la trata. También aparecieron denuncias sobre encubrimientos y maniobras destinadas a desviar la investigación. Ahora una de esas líneas acaba de ser cerrada.

El resultado es inquietante: mientras el juicio avanza sobre una reconstrucción determinada de los hechos, otras preguntas quedan fuera del centro de la escena. ¿Qué pasó con Loan? ¿Dónde está? ¿Quién ordenó o planificó su desaparición? ¿Para qué? ¿Existió una estructura detrás? ¿Hubo personas con poder político, económico, policial o judicial que intervinieron para desviar la investigación? ¿Quién decidió instalar la falsa pista del accidente? ¿Por qué esa maniobra fue posible? ¿Quién se benefició con ella?

Son preguntas que no pueden ser consideradas accesorias. Porque si la Justicia se limita a juzgar lo que ya conoce, corre el riesgo de transformar un proceso por la desaparición de un niño en el juicio de una fotografía congelada de los primeros días del caso. Loan no desapareció para que años después se juzgue solamente la cadena de acontecimientos que siguió a su desaparición. Desapareció por una razón. Y esa razón todavía no fue encontrada.

Por eso el sobreseimiento de la hipótesis de trata no debería significar el cierre de las preguntas que esa línea intentaba responder. Si no hubo trata, habrá que explicar por qué no la hubo. Si no existió una organización, habrá que establecer cómo fue posible la desaparición. Si hubo una sustracción sin un destino posterior conocido, habrá que determinar cuál fue ese destino.

Porque sin saber el porqué y el para qué, la investigación puede llegar a producir condenas, pero difícilmente pueda producir una respuesta completa. Y sin una respuesta completa sobre el destino de Loan, la justicia seguirá incompleta.