A principios de agosto inició el juicio de la causa Séptima Brigada, cuya carátula es Mechulan, José Emilio y otros. En total se juzga a diez represores por crímenes contra 104 víctimas, entre los que se encuentran detención y desaparición forzada y nacimientos en cautiverio. 

Tras casi dos meses de juicio y catorce testimoniales, iniciaron los alegatos de las partes que se dividieron en cuatro jornadas. 

Los imputados son Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso. 

Estas personas realizaban tareas en la subzona Corrientes del Área militar 231, con poder de decisión sobre la planificación represiva.

El Tribunal Oral Federal (TOF) es el encargado de la causa, ubicado en calle Carlos Pellegrini al 971. Éste está integrado por Juan Manuel Iglesias, Eduardo Belforte y Fermín Ceroleni. 

Por su parte, la querella la ejerce la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía está a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini, quien es acompañado por los auxiliares fiscales Juan Pedro Resoagli y Diego Vigay.

Los centros de exterminio que se evidencian en este juicio son la Jefatura de Policía y el ex Regimiento de Infantería n*9, ubicado sobre la av. 3 de abril casi esquina costanera, en el que en la actualidad funciona el Espacio de Memoria RI9. 

En ese sentido, desde el Espacio calificaron al juicio como “el más importante de la historia correntina”. A la par, el pasado jueves se realizó la inspección ocular en la Jefatura.

Sucede que la Brigada de Infantería VII tenía asiento en la capital correntina, en la intersección de las calles Córdoba e Irigoyen, y ejercía jurisdicción en lo que se conocía como sub zona 23, dependiente de la zona 2da. 

Ésta era dirigida por el Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército y abarcaba los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina de la provincia de Corrientes. 

Incluso la Brigada también tenía jurisdicción sobre las provincias de Misiones, Chaco y Formosa.

En este sentido, el pasado lunes alegaron la querella y el Ministerio Público Fiscal, que pidieron penas entre 4 y 25 años para los imputados. 

Específicamente, 25 años Reynoso, Cardoso, De Marchi, Harsich y Losito; 15 para De la Vega; 12 años para Alarcón; 10 años para Farmache y 4 años para Palma.

Además se solicitaron tres medidas de reparación. La primera a la UNNE y la UTN para que rectifiquen y entreguen legajos de docentes y estudiantes que fueron víctimas de delitos investigados en el juicio.

A continuación, que la totalidad de la documentación de la causa sea entregada el Espacio de Memoria, una vez que haya sentencia firme. 

Por último, se pidió la exhortación a medios de prensa, cementerios y municipios de la zona para que brinden información sobre la aparición en el río Paraná, en febrero de 1977, de dos cuerpos atados con alambre a piedras.

Este último pedido se realizó en base a los datos aportados en la testimonial del sobreviviente Miguel Busso, quien testificó el pasado 23 de agosto. 

Puntualmente sobre los hechos denunciados se juzgan privación ilegítima de libertad agravada y tormentos, lo que implica secuestro, alojamiento en centros clandestinos y torturas. 

Además, ocho casos de personas que aún revisten el carácter de desaparecidas, dos homicidios y dos nacimientos en cautiverio.

Las audiencias continúan el miércoles, jueves y viernes con los alegatos de la defensa. El 18 de octubre será el veredicto. 

Cabe destacar que el juicio es oral y público, cualquier ciudadanx puede presenciarlo presentando su DNI como acreditación en el TOF.