Por Nueva Mirada

Hay conflictos que pueden leerse por separado y otros que, cuando se los observa en perspectiva, empiezan a formar parte de una misma escena. En agosto, Resistencia fue escenario de dos jornadas de protesta vinculadas directamente con el sistema público de conocimiento: primero, investigadores, becarios y trabajadores de la ciencia se manifestaron contra el ajuste al sector científico; ahora, docentes y nodocentes de la Universidad Nacional del Nordeste llevan adelante un nuevo paro de 48 horas.

Las fechas son distintas, los reclamos inmediatos también. Pero el problema que aparece detrás es similar: qué lugar ocupa la producción y transmisión de conocimiento en el modelo de Estado que se está construyendo.

El 12 de agosto, la protesta de la comunidad científica tuvo uno de sus puntos de concentración en la rotonda de las avenidas Castelli y Las Heras, a pocos metros del Centro Científico Tecnológico Nordeste del CONICET. Allí se denunciaron la pérdida de puestos de trabajo, el recorte de becas y el deterioro salarial de investigadores y trabajadores del sistema científico.

El lugar elegido no fue solamente una referencia geográfica. La avenida Castelli concentra parte de la infraestructura científica y universitaria de Resistencia y permite visualizar una relación que muchas veces queda oculta: buena parte de la investigación que se realiza en la región está vinculada con las universidades públicas, los organismos científicos nacionales y la formación de nuevos investigadores.

Dos semanas después, el conflicto volvió a tener a la UNNE como protagonista. El paro universitario comenzó el jueves 27 y se extendió durante este viernes 28 de agosto, convocado por el Frente de Sindicatos Universitarios ante la falta de respuestas del Gobierno nacional. El reclamo incluye la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y el cumplimiento de una resolución judicial que ordenó avanzar con esa normativa.

En la UNNE, el impacto de la medida fue importante, aunque desigual. Según datos difundidos por trabajadores universitarios, el acatamiento habría alcanzado alrededor del 80% en el campus de Resistencia y entre el 70% y el 75% en Corrientes durante la primera jornada.

La dimensión salarial es apenas una parte del conflicto. Los gremios señalan que ya transcurrieron unos 300 días desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario sin que el Poder Ejecutivo haya avanzado con su aplicación. La disputa, por lo tanto, excede la discusión sobre cuánto cobra un docente o un nodocente: involucra el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales y su capacidad para enseñar, investigar y sostener políticas de inclusión y movilidad social.

Ahí aparece el vínculo con la protesta científica. Una universidad sin financiamiento suficiente no solamente tiene dificultades para pagar salarios o sostener sus edificios. También pierde capacidad para investigar, formar científicos y producir conocimiento. Del mismo modo, un sistema científico debilitado afecta a las universidades porque reduce las posibilidades de continuidad de las carreras de investigación, las becas, los proyectos y la formación de posgrado.

La separación entre ambos reclamos, entonces, resulta cada vez más difícil de sostener. El investigador que pierde su beca puede haber sido formado en una universidad pública. El docente que investiga necesita de un sistema científico que financie sus proyectos. El estudiante que comienza una carrera puede convertirse mañana en becario, docente o investigador. El sistema funciona como una cadena y el deterioro de uno de sus eslabones termina afectando a los demás.

En el Nordeste esa relación adquiere además una dimensión territorial concreta. La UNNE tiene presencia institucional tanto en Corrientes como en Chaco, mientras que el CONICET cuenta en Resistencia con el CCT Nordeste, desde donde se articula buena parte de la actividad científica regional.

Por eso, las imágenes de una concentración en Castelli y Las Heras y las aulas universitarias paralizadas pocos días después pueden leerse como partes de una misma fotografía. No son exactamente la misma protesta, pero sí expresan una disputa común: qué recursos está dispuesto a destinar el Estado para producir conocimiento, formar profesionales, investigar los problemas del territorio y garantizar el acceso a la educación superior.

En un país atravesado por profundas desigualdades regionales, la discusión no es menor. La ciencia y la universidad pública no constituyen solamente ámbitos para quienes ya están dentro de ellos. También son infraestructura social: producen conocimiento, forman trabajadores y profesionales, desarrollan tecnologías y permiten que una parte de la población pueda acceder a trayectorias educativas que, de otro modo, quedarían restringidas.

Las movilizaciones de agosto permiten observar esa discusión desde el territorio. Primero fueron los científicos en las calles. Ahora son los trabajadores universitarios. Entre una protesta y otra hay apenas unos días de diferencia, pero también una continuidad que resulta difícil ignorar: la defensa del conocimiento como una política pública y no como un gasto prescindible.