Las recorridas realizadas por el Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes en distintas comisarías de la capital provincial volvieron a poner en discusión las condiciones de detención en dependencias policiales de la provincia. Durante inspecciones concretadas entre abril y mayo de este año, el organismo relevó situaciones de alojamiento inadecuado, deficiencias estructurales y vulneraciones vinculadas al acceso a información sobre personas privadas de libertad.

Uno de los monitoreos se realizó a fines de abril en las comisarías 4ª, 5ª, 6ª y Contravencional de la ciudad de Corrientes. Según difundió el propio Comité, durante la jornada se entrevistó a personas detenidas y se inspeccionaron las condiciones edilicias y de alojamiento en cada dependencia. La recorrida estuvo encabezada por la comisionada Sofía Domínguez y el secretario ejecutivo Mauricio Torres, junto a integrantes y colaboradores del organismo.

Durante mayo, el Comité volvió a realizar inspecciones en las comisarías 9ª, 16ª y 19ª. En esta segunda recorrida, el organismo fue más explícito respecto de las irregularidades detectadas. De acuerdo a la información difundida tras el monitoreo, “se observaron deficiencias en las condiciones de detención” y también “situaciones que requieren especial atención en relación a personas demoradas”.

El informe señala además que en algunas dependencias existían “condiciones inadecuadas de alojamiento” y “falta de información clara sobre los motivos de la demora”. Las observaciones fueron elevadas a la División Coordinación con Organismos de Derechos Humanos de la Policía de Corrientes para promover medidas orientadas a garantizar condiciones dignas de detención.

Aunque los comunicados oficiales no detallan la situación específica de cada dependencia, las referencias a problemas de alojamiento y a la falta de información sobre las detenciones vuelven a exponer una problemática histórica en Corrientes: el uso de comisarías como espacios de encierro prolongado sin infraestructura adecuada para alojar personas.

Las recorridas del Comité forman parte de las facultades previstas por la Ley Provincial 6.280, que creó el mecanismo local de prevención de la tortura. Entre sus funciones se encuentra el monitoreo periódico de lugares de detención para prevenir situaciones de violencia institucional y tratos crueles, inhumanos o degradantes.