El 6 de mayo de 2025, el Tribunal Penal N°1 de Posadas dio lectura formal a los fundamentos de la condena contra Germán y Sebastián Kiczka, sentenciados semanas antes por tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. 

La exposición judicial volvió a colocar el caso en el centro de la escena pública y política en Misiones, no sólo por la gravedad de los delitos investigados, sino también por las redes de vínculos partidarios que rodearon al exdiputado provincial. 

En la sentencia, la Justicia misionera condenó a Germán Kiczka a 14 años de prisión y a su hermano Sebastián a 12 años. Los jueces consideraron acreditado el almacenamiento y circulación de cientos de archivos de explotación sexual infantil encontrados en dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación. 

La causa se inició a partir de reportes internacionales que detectaron movimientos vinculados al intercambio de este tipo de material desde conexiones asociadas a los acusados. 

Pero el expediente rápidamente excedió el plano penal. Germán Kiczka era diputado provincial del partido Activar, espacio político encabezado por Pedro Puerta, hijo del exgobernador Ramón Puerta. Su figura había crecido dentro de una alianza opositora vinculada a Juntos por el Cambio y posteriormente cercana a sectores de La Libertad Avanza. Incluso recibió respaldo público de dirigentes nacionales durante la campaña legislativa de 2021, como el caso de Patricia Bullrich. 

La relación entre Kiczka y el puertismo no se limitaba a lo electoral. Antes de llegar a la Legislatura provincial, el exdiputado había trabajado en empresas vinculadas al grupo económico de la familia Puerta, consolidando una cercanía política y personal que luego quedó bajo la lupa durante el proceso judicial. 

Corrientes también quedó atravesada por el caso. Tras ser desaforado y quedar prófugo en agosto de 2024, Germán Kiczka escapó hacia territorio correntino y permaneció oculto durante varios días en Loreto, donde finalmente fue detenido en un operativo conjunto entre fuerzas provinciales y federales. La captura convirtió a Corrientes en un punto clave dentro de la reconstrucción judicial de la fuga. 

Durante el juicio oral declararon efectivos policiales y peritos vinculados al operativo realizado en Corrientes. La investigación también reconstruyó movimientos y contactos previos a la detención, abriendo interrogantes sobre posibles apoyos y encubrimientos durante el período en que el exlegislador permaneció prófugo. 

La dimensión política del caso volvió a profundizarse cuando, el mismo día de la condena, la fiscalía solicitó investigar a Pedro Puerta por presunto falso testimonio. Los fiscales señalaron contradicciones entre la declaración presentada por el dirigente de Activar y otros elementos incorporados al expediente. El Tribunal resolvió remitir actuaciones para avanzar en esa línea de investigación. 

La lectura de los fundamentos terminó consolidando una idea que atravesó toda la causa: el caso Kiczka dejó de ser solamente un expediente penal para transformarse en una crisis política regional, con derivaciones que alcanzaron tanto al poder misionero como a Corrientes, territorio donde se produjo la fuga, la captura y parte de las preguntas que todavía siguen abiertas.