Unos 36 funcionarios judiciales de todo el país elevaron una nota al procurador interino, Eduardo Casal, para expresar su preocupación ante el avance del Ministerio de Seguridad en el desmantelamiento de un área que contribuía a la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Uno de los suscriptores de la carta es el fiscal federal, Diego Vigay, quien afirmó que “es una situación muy grave y delicada”. “Esperamos que lo que fue un pacto social y democrático sea respetado”, añadió.

Se trata del Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, cuyo objetivo era contribuir con las investigaciones por crímenes contra la humanidad, y se habían reabierto definitivamente después del fallo Simón de la Corte Suprema en 2005.

Semanas atrás, el ministro de Defensa, Luis Petri, decidió el despido de diez de los 13 expertos que formaban parte del ERyA.

“Es un equipo de trabajo de gente especializada, con mucha experiencia, que se conformó en 2010 y lleva 14 años de trabajo”, señaló Vigay en declaraciones a Radio Libertad. 

El fiscal puntualizó que “está conformado por civiles, investigadores, archivistas e historiadores que son quienes buscan en los pliegues más finos de la burocracia de las fuerzas armadas de la Argentina documentación e información que tiene que ver con la última dictadura cívico militar”. 

En ese sentido, remarcó que el trabajo del ERyA consta de investigar “desde los legajos de cada personal que puede estar imputado, donde hay información muy precisa (el lugar dónde estaba, algún tipo de operativo del que participó).

No obstante, aclaró que “hay mucha otra información más compleja de ubicar, identificar y desclasificar que son los partes internos de un regimiento, de una brigada o de un comando, que tienen toda una clasificación y una nomenclatura muy particular”. 

“Este equipo de investigaciones colaboraba con cada uno de los tribunales orales, los juzgados federales de Argentina con el envío de esa información clave y era documentación y prueba muy importante, vital e imprescindible para reconstruir hechos que ocurrieron hace tanto tiempo y teniendo en cuenta que fue un plan sistemático trazado con una operatividad y sistematicidad desde la clandestinidad”, advirtió. 

“Petri tiene toda la información sobre la importancia de este equipo de trabajo, sobre el compromiso internacional que pesa sobre el Estado argentino y, en su caso, el ministro de Defensa de llevar adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad”, expuso Vigay.

El fiscal recordó que “Argentina asumió ese compromiso y si hace algo en otro sentido está incumpliendo y es apacible de una infracción internacional”.