La crisis que atraviesa el Instituto de Cultura de Corrientes no comenzó con Lourdes Sánchez ni se explica únicamente por problemas administrativos. Los episodios que se acumularon durante los últimos dos años permiten observar algo más profundo: una disputa por quién define qué expresiones culturales son promovidas, cuáles son toleradas y cuáles deben permanecer en los márgenes.

ArteCo es probablemente el mejor ejemplo para entender este proceso. La edición 2024 había ampliado los límites tradicionales de la feria incorporando propuestas musicales, intervenciones escénicas, performances y experiencias que conectaban el arte con el espacio público y con la comunidad. 

Sin embargo, al año siguiente se produjo un giro evidente. La edición 2025 dejó afuera numerosas expresiones artísticas que habían enriquecido la experiencia anterior y redujo el protagonismo de disciplinas que forman parte de la producción cultural contemporánea.

La crítica no se limitó a la programación. Durante aquella edición también generaron rechazo decisiones organizativas que muchos artistas y asistentes consideraron alejadas de las prácticas culturales de la región. 

La prohibición de ingresar con mate y alimentos a determinados espacios y las dificultades para quienes se trasladaban en bicicleta fueron señaladas como ejemplos de una feria cada vez más distante de la cotidianeidad correntina.

La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa el volumen de recursos públicos involucrados. Según el Decreto Provincial Nº 714, el Gobierno de Corrientes destinó 620 millones de pesos para financiar la edición 2025 de ArteCo. 

Se trata de una inversión millonaria realizada con fondos públicos para sostener una feria que se presenta como la principal vidriera artística de la provincia. La pregunta que surge entonces es inevitable: si la feria es financiada por toda la sociedad correntina, ¿debe representar la diversidad cultural existente o solamente una parte de ella? 

Las tensiones aumentaron cuando estudiantes de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE denunciaron que el Instituto de Cultura no había abonado premios correspondientes a la Feria de Pitching audiovisual realizada en 2025.

El caso más conocido fue el del documental "Las que sostienen", ganador de un premio de un millón de pesos que permaneció impago durante meses. Recién después de una campaña pública impulsada por los propios estudiantes el pago terminó concretándose.

Lo ocurrido dejó expuesta una contradicción difícil de explicar. Mientras el Estado provincial destina cientos de millones de pesos a grandes eventos culturales, estudiantes premiados por organismos oficiales debieron reclamar durante meses para cobrar recursos ya comprometidos.

Pero el conflicto más delicado aparece en otro terreno. Durante el último año comenzaron a desarrollarse en Corrientes actividades impulsadas por el Comité de Solidaridad con Palestina. Una de las primeras fue un cine debate realizado en la Biblioteca Mariño.

A partir de allí comenzaron a circular denuncias de presiones para impedir la continuidad de este tipo de iniciativas. Distintas fuentes vinculadas al ámbito cultural sostienen que existieron llamados y advertencias dirigidas a espacios y artistas involucrados en actividades de solidaridad con el pueblo palestino.

En el centro de esos cuestionamientos aparece el nombre de Beatriz Kunin. No solamente por haber presidido el Instituto de Cultura entre 2024 y 2025, sino también por su trayectoria política e institucional. Kunin fue subsecretaria de Turismo municipal, empresaria hotelera, integrante de la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem y referente de la DAIA en Corrientes. 

Las denuncias incluyen advertencias a artistas sobre posibles consecuencias institucionales por participar de espacios vinculados con Palestina, así como el tapado de un mural colectivo realizado en solidaridad con ese pueblo.

Hasta el momento gran parte de estos testimonios permanecen fuera de los canales institucionales. Y precisamente ahí aparece otro de los síntomas de la crisis.

El miedo. Miedo a perder espacios de exhibición. Miedo a quedar excluidos de programas culturales. Miedo a perder becas, subsidios o posibilidades de financiamiento. Miedo a confrontar con una estructura que concentra buena parte de los recursos culturales disponibles en la provincia.

La reciente inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes volvió a poner sobre la mesa otro debate relacionado con el acceso a la cultura. Aunque oficialmente se presenta como un espacio libre y gratuito, comenzaron a multiplicarse cuestionamientos por la implementación de sistemas de registro previo mediante códigos QR para ingresar al museo.

La discusión no pasa por la tecnología en sí misma. Lo que se discute es por qué un espacio financiado con recursos públicos necesita mecanismos de identificación y registro para acceder a propuestas artísticas que pertenecen al patrimonio cultural de toda la comunidad.

La pregunta de fondo es siempre la misma. ¿Quién decide qué cultura puede existir en Corrientes? Porque cuando el financiamiento se concentra, cuando las voces críticas denuncian presiones, cuando determinadas expresiones políticas desaparecen de los espacios culturales y cuando los artistas comienzan a autocensurarse por temor a perder oportunidades, la discusión deja de ser administrativa.

Se convierte en una discusión sobre poder. Y quizás esa sea la verdadera crisis que atraviesa hoy al Instituto de Cultura de Corrientes.

Mira el programa completo: https://www.youtube.com/watch?v=w-y5Vrew9oI&t=3436s