El Gobierno de Corrientes anunció una recomposición salarial del 10% para los trabajadores estatales provinciales, una medida que alcanzará a docentes, personal de salud, trabajadores de la administración pública, fuerzas de seguridad y otros sectores dependientes del Estado. 

Sin embargo, el incremento fue recibido con fuertes cuestionamientos por parte de los gremios, que advierten que los salarios continúan perdiendo frente a la inflación y que la provincia sigue sin contar con un sistema de negociación paritaria.

El anuncio fue realizado el 29 de mayo por el ministro de Hacienda, Héctor Grachot, y se suma al aumento del 6% otorgado en marzo. De esta manera, la actualización acumulada en lo que va de 2026 alcanza el 16%. 

Aunque ese porcentaje se ubica levemente por encima de la inflación acumulada en el Nordeste Argentino hasta abril, que según el INDEC llegó al 14,6%, los sindicatos sostienen que la comparación debe realizarse considerando la evolución salarial de un período más amplio.

El último incremento general previo al de marzo había sido anunciado en agosto de 2025, en plena campaña electoral. Desde entonces y hasta abril de este año, la inflación acumulada en la región rondó el 25%, por lo que los aumentos otorgados quedaron varios puntos por debajo del incremento de precios. A eso se sumarán los datos inflacionarios de mayo y junio, que todavía no fueron incorporados a la comparación.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) fue una de las primeras organizaciones en rechazar la medida. El gremio aseguró que las actualizaciones salariales de marzo y junio ya fueron absorbidas por la inflación de los primeros meses del año y sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo docente alcanza el 28% desde agosto de 2025.

Entre sus reclamos, SUTECO exige una suba salarial del 22% en blanco y en un solo pago, el blanqueo de todas las sumas no remunerativas, un salario mínimo equivalente al valor de la canasta básica total y la apertura de una mesa de negociación salarial y laboral con capacidad de incidencia efectiva sobre las decisiones del Ejecutivo provincial.

La discusión salarial vuelve a poner en el centro una característica histórica de la provincia: la ausencia de paritarias. A diferencia de otras jurisdicciones, en Corrientes no existe una ley de negociación colectiva para los trabajadores estatales. Los aumentos son definidos de manera unilateral por el Gobierno provincial, mientras que las mesas de diálogo que eventualmente se convocan no tienen carácter vinculante ni obligan al Ejecutivo a incorporar los planteos sindicales.

El debate también se da en un contexto de deterioro del poder adquisitivo. Según el último Índice Barrial de Precios elaborado por el ISEPCI, una familia correntina necesitó más de 1,2 millones de pesos para cubrir la canasta básica total y no caer bajo la línea de pobreza. La entidad también advirtió sobre un crecimiento sostenido del endeudamiento de los hogares para garantizar el acceso a alimentos básicos.

Con este escenario, los gremios anticipan nuevas medidas de organización y protesta. En el caso de los docentes, SUTECO inició consultas entre sus afiliados para definir posibles acciones de fuerza. Mientras tanto, el reclamo por la recuperación salarial y por la implementación de un sistema de paritarias vuelve a instalarse como uno de los principales conflictos laborales en la provincia.