En diálogo con Nueva Mirada Radio, el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, cuestionó duramente la decisión del presidente, Javier Milei, de designar por decreto a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Milei es una topadora institucional y un despota no ilustrado", sentenció Barcesat. "No hay otro camino que no sea el pedido de juicio político", añadió.

Según el abogado, "pareciera que el Gobierno no puede dar un paso sin tumbar una claúsula de la Constitución y a veces más de una". "En este caso se trata de la designación de funcionarios del Poder Judicial de la Nación que es una atribución del Senado que debe prestar acuerdo, previo a una audiencia pública", explicó.

"Pero el arquitecto profano de este nombramiento escogió la designación en comisión porque no se había logrado el acuerdo de los dos tercios en el Senado", aseguró. Milei puso a dos jueces de la Corte "como empleados del Ejecutivo, a los que sí puede nombrar por decreto y por un tiempo determinado", dijo.

Por lo tanto, los nombramientos de García Mansilla y Lijo "son inconstitucionales, nulo de nulidad absoluta e insanos", aseveró. "Y si algo faltaba para hacerlo gravoso a este hecho, que cabría calificarlo de acto de violencia institucional, es que el presidente de la Corte le tomó juramento con la presencia de los otros dos ministros que han suscrito por lo visto el acuerdo", resaltó.

Sobre éste punto, sostuvo que Lorenzeti "cambió en poco tiempo de opinión". "Recordemos que cuando bajo el gobierno de Macri se había propuesto a Rosatti y a Rosencrantz para ocupar esos cargos también en comisión, él se había opuesto porque no se respetaba la Constitución".

Sobre los pasos a seguir, dijo que la Cámara de Senadores "ahora o de inmediato de iniciadas las sesiones del año legislativo 2025, debe sacar una resolución anulando los nombramientos". De lo contrario, "el futuro, si ya es malo en lo económico, será peor en lo institucional", señaló.

"No hay otro camino que no sea el pedido de juicio político, porque el artículo 36 de la Constitución descalifica estos actos, no solamente de aquellos usurpantes del poder político que asolaron nuestra historia institucional, sino de las autoridades con legitimidad de origen que transgreden los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiarse de los otros poderes", afirmó.

Para Bercesat, esta impronta de la gestión de Milei "la vimos desde el inicio mismo del Gobierno con el DNU 70/23, un engendro normativo que trastocó la vida económica, y fue continuado con la Ley Bases".

"Cuando los legisladores le dieron el facultamiento para dictar decretos delegados, Milei, como era previsible, superó toda barrera y limitación, y ahora está queriendo privatizar el Banco Nación, y Yacimientos Carboníferos Fiscales".

Es decir, "es una topadora institucional que viene a cumplir lo que dijo durante la campaña, que es un topo que vino a destruir al Estado", indicó. Entonces, "no vamos a tener Constitución, solamente la voluntad de un despota no ilustrado", subrayó.

"El escándalo del Crypto Gate demuestra las limitaciones que tiene Milei en su capacidad de discernimiento y su compromiso con la timba financiera, antes que con el Estado Nación". Este hecho "debería llevar al proceso político de enjuiciamiento y remoción del cargo del presidente", sostuvo.

"Me estoy refiriendo a indagarlo, procesarlo, y establecer una prisión preventiva por la gravedad de los hechos que se cometió, y ya sea aquí o en el extranjero, tendrá que responder penal y patrimonialmente por este desaguisado de la moneda virtual", se explayó.

Volviendo a la designación de dos jueces por decreto, Barcesat opinó que "deteriora la ya derrumbada credibilidad del Poder Judicial de la Nación, y es un flaco favor a la estabilidad institucional estos nombramientos por fuera del marco regulado de procedimiento de la Constitución Nacional".

"En este caso la motosierra se ha cernido sobre las instituciones", aseguró. "Es tiempo de que la Argentina recupere su institucionalidad primero y con ella la posibilidad de recuperar el bienestar general y la cláusula de progreso comprometida y enriquecida en la reforma constitucional del año 94", completó.

Entrevista completa: https://youtu.be/bRjhkfYosZc