Por Jeremias Giordano

El Gobierno condiciona la ejecución de leyes aprobadas por el Congreso alegando “falta de financiamiento”, mientras decisiones de política económica muestran prioridades distintas. ¿Qué significa para la democracia que una ley sancionada quede en «stand-by» por falta de voluntad política?

La separación de poderes no es un formalismo: es el límite que impide que un Ejecutivo convierta sus prioridades en sentencia eterna. Cuando el Poder Legislativo sanciona una ley y consigue sostener su decisión —como ocurrió recientemente con la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica— lo razonable es que el Ejecutivo la ejecute, articule las partidas y rinda cuentas. 

Lo que ocurrió, en cambio, fue otra cosa: el Gobierno publicó vetos en el Boletín Oficial alegando ausencia de fuentes de financiamiento y, después del rechazo parlamentario a esos vetos, promulgó las leyes pero condicionó su aplicación hasta que el Congreso precise cómo financiarlas. 

El argumento oficial —“no hay plata” o “la norma carece de financiación genuina”— podría ser legítimo si fuera una observación técnica acompañada por propuestas alternativas viables. Pero en la práctica se transformó en una herramienta política que posterga derechos. 

No es indiferente que mientras se dice que “no hay presupuesto” para hospitales pediátricos y para actualizar los gastos universitarios por inflación, el Gobierno tome medidas fiscales y reasignaciones con otras prioridades. Periodismo y análisis públicos ya mostraron comparaciones que no pueden obviarse: decisiones recientes sobre alivios fiscales o reasignaciones muestran que el debate no es entre “gastar sí o no”, sino sobre a quién se decide priorizar. 

La consecuencia es concreta y humana. Para una universidad, para una beca, para una guardia pediátrica sin insumos: la postergación por “falta de partida” equivale a una espera que puede costar salud, salarios y calidad educativa. La retórica del equilibrio fiscal se vuelve ideología si se aplica selectivamente: cuando se usa para negar auxilio a sectores vulnerables y, simultáneamente, se flexibilizan reglas para favorecer reducciones impositivas o reasignaciones menos transparentes a sectores que solo especulan financieramente.

También hay una variable política que no podemos soslayar: la tensión entre legitimidad y gobernabilidad. El Ejecutivo puede vetar, lo hizo; pero cuando el Congreso insiste (y logra el quorum constitucional necesario), la negativa del Ejecutivo a ejecutar la ley pone a la democracia en un terreno inédito: la norma existe, está en el Boletín Oficial, pero su vigencia práctica depende de la voluntad administrativa. Eso transforma la ley en un mandato sujeto a discrecionalidad administrativa, no en una obligación de Estado. 

¿La respuesta responsable? Exigir transparencia: que el Ejecutivo detalle con precisión por qué no puede incluir en el presupuesto las partidas requeridas y qué alternativas propone; que el Congreso, frente a esa respuesta, haga su trabajo de control (y —si corresponde— reasigne prioridades). Exigir, también, que la discusión pública deje de ser un eslogan —“no hay plata”— y pase a cifras, plazos y responsabilidades. Si hay margen para reasignar fondos a otras políticas, que se traduzca en una priorización transparente y no en una excusa administrativa que deriva en inmovilismo.

La política siempre implica elegir: no es legítimo que esa elección afecte siempre a los más débiles. Cuando las leyes que atienden salud y educación quedan en un limbo por “falta de financiamiento”, el debate deja de ser técnico y se vuelve ético. Y ahí la responsabilidad del periodismo es señalar la decisión política detrás de la frase: no es que falte dinero en abstracto; lo que faltan son prioridades públicas que lo asignen donde más se necesita.