Por Bryan Ojeda (Consultor Político)

La decisión del Tribunal Electoral de Misiones de excluir del padrón a las fuerzas de seguridad —tanto provinciales como nacionales— no resuelve la tensión social ni la crisis política que atraviesa la provincia: al contrario, la concentra y la intensifica.

Si bien la medida alcanza a todas las fuerzas, el foco político está en la Policía de Misiones, que el año pasado protagonizó uno de los momentos más críticos del gobierno provincial con protestas, cortes y acuartelamientos que expusieron una fractura profunda en el aparato estatal. La exclusión es una forma de disciplinar, de advertir y de recordar quién manda.

Desde el 2023 Misiones transita un proceso de crisis institucional que el oficialismo no termina de asumir, en lugar de reconocerla y habilitar salidas políticas, elige multiplicar los mecanismos de control. Primero fue la Ley Mordaza, ahora el intento de restringir derechos políticos a sectores clave del Estado. Son movimientos más defensivos que estratégicos, más propios de un gobierno que siente tambalear sus certezas que de una fuerza que se dice sólida.

Esta exclusión tiene respaldo jurídico, está avalada por el artículo 48 de la Constitución de la Provincia, pero es la primera vez que esa norma se aplica efectivamente. En lo personal, no me interesa entrar en una discusión constitucional: la política es, ante todo, disputa por el poder, y en todo ordenamiento jurídico las reglas se aplican e interpretan según los intereses de quien detenta el poder.

Hasta ahora, esta era una elección difícil pero manejable para el oficialismo provincial, una elección que, aunque con desgaste, podía ganarse sin mayores sobresaltos. Pero este tipo de decisiones pone en riesgo ese resultado, especialmente en los municipios donde no se eligen concejales, en esos lugares, la Renovación pierde su ventaja estratégica: la tracción territorial de la “Ley de Lemas” y es ahí donde, en la radiografía final del resultado electoral, probablemente veamos muchos puntos morados en el mapa provincial.

En este contexto de baja participación electoral, las decisiones que excluyen a sectores claves no solo pueden generar una indignación movilizadora, capaz de traducirse en un aumento del voto opositor y un movimiento activo en las calles, sino que también pueden provocar una indignación paralizante, que profundice la apatía ciudadana y reduzca aún más el nivel de participación.

Esta segunda forma de reacción se manifiesta en el riesgo de que menos de la mitad del padrón participe en los comicios, lo que sería un hecho inédito en Misiones y confirmaría el impacto negativo de la exclusión en la confianza política.

En este escenario, aún si el oficialismo retiene el poder, lo hará con menos votos, menos entusiasmo y más exclusión. Cualquier resultado por debajo del 60% —considerando los niveles históricos que ha manejado la Renovación— no puede leerse como continuidad estable: es una señal de desgaste estructural, porque ganar con menos participación, con más exclusión y con menos entusiasmo, no es simplemente ganar es sobrevivir en la desconfianza.

Cuando un espacio político gobierna ininterrumpidamente durante más de 20 años, es esperable que empiece a confundir el control institucional con la legitimidad democrática, pero cerrar válvulas no disipa la presión: la acumula. Y toda presión acumulada, tarde o temprano, encuentra su escape.

La pregunta no es si va a explotar. La pregunta es cuándo, cómo… y a favor de quién. En lo inmediato, ese estallido favorece a los sectores libertarios y a la candidatura de Ramón Amarilla, pero ese efecto no es irreversible.

En las próximas elecciones otros espacios opositores podrían también canalizar el descontento, siempre y cuando logren presentarse como una alternativa nítida, claramente antagónica al proyecto renovador. 

Pero para eso, también hay que estar dispuesto a asumir los costos políticos que esa disputa implica, y en Misiones, esos costos son conocidos: toda expresión política o dirigente que haya osado confrontar con la Renovación en los niveles necesarios ha pagado un precio. No como pose, sino como consecuencia directa de desafiar un poder de más de dos décadas. Amarilla está preso, algunos están silenciados y otros disciplinados a fuerza de causas judiciales. Nadie sale ileso.

En tiempos de tensión, lo que define no es la prudencia. Es la claridad política. Y el coraje de sostenerla.