En las últimas semanas, la política de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba —vigente desde hace más de seis décadas— ha dado un salto cualitativo con una profundización centrada en el sector energético. 

Bajo la administración estadounidense, se ha aplicado un embargo más estricto a las importaciones de petróleo y combustibles esenciales para la isla, lo que ha llevado a cancelaciones de vuelos internacionales y paralización de servicios básicos, en un contexto que el Gobierno cubano denomina un “ataque brutal” a su soberanía y bienestar social. 

La medida ha tenido consecuencias inmediatas: aerolíneas como Air Canada suspendieron vuelos ante la falta de combustible de aviación, y bancos, eventos culturales y transporte urbano han sufrido restricciones por la falta de energía. Las autoridades cubanas han reducido la operatividad de servicios públicos y llamado a priorizar el uso de combustible para actividades esenciales. 

Más allá de la crisis material, la escalada ha desatado una ola de solidaridad internacional que destaca el rechazo global a estas medidas. En India, cinco partidos de izquierda instaron a su gobierno a expresar apoyo a Cuba y denunciar las sanciones como injustas.

Organizaciones sindicales como la Federación Sindical Mundial emitieron declaraciones de solidaridad y rechazaron la “bloqueo energético” como parte de una agresión imperialista. 

Además, varios países han respondido con acciones concretas. México despachó buques con ayuda humanitaria, incluyendo alimentos básicos, y su presidenta se comprometió a mantener apoyos pese a la presión estadounidense. 

Por su parte, Rusia anunció su disposición a brindar “toda la asistencia posible” para ayudar a Cuba a enfrentar la escasez de petróleo, y condenó las medidas de Washington como un intento de “asfixiar” la isla. 

Este contexto de solidaridad complementa una larga historia de rechazo global al embargo, como lo demuestra la amplia mayoría de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, año tras año, vota resoluciones exigiendo el levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos. 

Para comprender esta nueva fase del bloqueo, es clave reconocer que no se trata de una simple restricción comercial, sino de una política coercitiva que busca presionar a terceros países a no suministrar bienes esenciales a Cuba, como petróleo o combustible. 

Estas medidas se suman a décadas de sanciones financieras y comerciales bajo leyes como la Helms-Burton, que penalizan a empresas y entidades extranjeras por comerciar con la isla. 

Desde el Gobierno cubano y amplios sectores de la comunidad internacional se argumenta que estas restricciones no solo afectan la economía, sino que ponen en riesgo derechos fundamentales como el acceso a servicios de salud, energía y alimentación, especialmente cuando se traducen en cortes de energía, limitaciones en el transporte y tensiones en el sector sanitario. 

La solidaridad que ha surgido en este contexto —desde movimientos sociales hasta gobiernos de América Latina, Asia y Europa— apunta a reforzar la denuncia del bloqueo como una política anacrónica y lesiva, al tiempo que reclaman mayor apoyo para la población cubana ante la crisis energética precipitada por las sanciones.