La tierra tiembla en silencio cuando la memoria es desalojada. El miércoles 4 de junio, la policía del Chaco irrumpió con violencia en un campo ubicado en el paraje Central Norte, cerca de la localidad de Miraflores. En nombre de una orden judicial caduca, ejecutaron el desalojo de familias Qom asentadas en el Lote N.º 45 de Pozo La Vieja. El operativo movilizó más de 80 efectivos, dos camiones municipales y una maquinaria estatal que sirvió para borrar con fuerza lo que el Estado había prometido con palabras.

Silvia Sánchez, dirigenta del Consejo de Tierras Indígenas, llegó esa mañana al lugar. No iba a resistir, ni a interrumpir el procedimiento. Solo quería hablar con las familias, contener, mediar. Pero su presencia molestó: fue rodeada, detenida y trasladada por la policía como si fuera una amenaza. Lo que hizo el Estado fue detener a una referente indígena por querer hablar.

“Esto fue un secuestro, una persecución y un atentado contra los pueblos originarios”, denunció más tarde la Comisión de Tierras de Miraflores. No fue una exageración: los testimonios registran escenas de hostigamiento, gritos, pertenencias arrojadas a los camiones municipales, y un mensaje de fondo que resuena más allá del monte chaqueño: las promesas no valen nada si las hace un funcionario de paso.

El procedimiento fue impulsado por una denuncia de Fabián Kloster, un empresario que afirma ser dueño del terreno. La orden judicial, fechada el 15 de mayo, ya no tenía vigencia efectiva. Aun así, el operativo se ejecutó como si el tiempo no importara, como si las garantías legales fueran un detalle menor cuando se trata de comunidades indígenas.

Los documentos oficiales muestran que el intendente Rafael Frías (PJ) colaboró con recursos públicos —choferes y camiones— para asistir en el desalojo. La fiscal Raquel Maldonado, encargada del caso, no contempló ni traductores, ni intérpretes, ni el derecho colectivo a la tierra reconocido por leyes nacionales e internacionales.

Territorio ancestral, promesas incumplidas

En 2017, el terreno era fiscal. Fue allí donde el Consejo de Tierras realizó un relevamiento que ubicó a unas 20 familias Qom. No llegaron por la fuerza, no invadieron: fueron parte de un proceso coordinado con el Estado.

Un año atrás, en mayo de 2024, el actual gobernador, Leandro Zdero, se reunió con el Consejo. Se comprometió a no realizar más desalojos y a ceder formalmente las tierras. El acuerdo fue claro, dicen los testimonios. Pero ese compromiso fue arrasado por el mismo gobierno que lo firmó. “Cada vez que cambian los funcionarios, tenemos que empezar de cero”, repiten desde el Consejo.

Esa misma tarde, comenzó el acampe. Un espacio de dignidad donde las comunidades resisten en paz, acompañan a las familias que perdieron su casa y mantienen vivo el reclamo por la tierra. En ese acampe no hay violencia, hay organización. Hay memoria.

“El Estado nos persigue y nos desprecia”, dicen en voz baja. Pero también dicen otra cosa: que no van a irse. Que la tierra no se vende, se defiende. Que los desalojos no logran borrar las raíces.