Este martes apartaron al abogado Marcelo Guzmán de su cargo de relator del juez Ernesto Löffler en el Superior Tribunal de Justicia de Tierra de Fuego, tras un video viralizado por su esposa en el que se la ve con golpes y en el que mostraba la violencia de género que atravesaría hace varios años. Desde maltrato psicológico hasta abuso físico, Carla Kirstein expuso en su Facebook personal su relato en primera persona. 

La denuncia se radicó en el Juzgado de Instrucción n* 1 de Ushuaia, a cargo del juez Javier de Gamas Soler, quien estableció una perimetral de 200 metros. Carla expuso que se encuentra en gran estado de vulnerabilidad, ya que depende económicamente de Guzmán y no puede volver a Chaco, donde es oriunda y lugar en que se siente contenida al tener familiares y amigxs. 

A la par, comentó que cree tener el celular intervenido ya que Guzmán tendría lazos fuertes con personas de gran injerencia social y judicial en la provincia. En el video enfatizó que teme por su vida y que muchxs abogadxs a quienes les comentó el caso para que la ayuden, no habrían querido tomarlo al saber que él estaba implicado para no tener problemas. 

Además,  comentó que con el denunciado se conocieron hace quince años en Córdoba y que hace doce están casados. Desde entonces las situaciones de violencia fueron en aumento, comenzaron como abusos psicológicos, luego como económica y en el último tiempo se convirtieron en violencia física. Así lo evidenció Carla en el video en el que ella misma relataba los hechos con golpes visibles en su rostro y en el cuerpo. 

Por su parte, el juez Loffler mediante el área de prensa del Poder Judicial emitió un comunicado en el que establecía que "hasta tanto se esclarezcan los hechos y el proceso judicial culmine, el doctor Guzmán está desafectado de sus tareas. Están en trámite las medidas administrativas correspondientes, más allá de los procesos judiciales que deba atravesar".

Y concluía expresando que "es conocido que condeno enfáticamente cualquier tipo de violencia, especialmente de género. Hoy lo ratifico, así como mi compromiso de garantizar a todas las posibles víctimas y personas en situación de vulnerabilidad un acceso pleno a la justicia y a que sus casos sean analizados con perspectiva de género, con los más amplios alcances que ello implica".

Este caso abre el debate una vez más a la urgente necesidad de una Reforma judicial feminista y a poner sobre la mesa la duda de por qué no se materializa la ley Micaela. Es necesario un sistema judicial que realmente bregue por la integridad total, física y mental, de denunciantes. 

Lamentablemente una vez más queda en evidencia, que quienes cuentan con nexos fuertes con las altas esferas de los poderes provinciales, gozan de beneficios. En este sentido, una perimetral de 200 metros no es suficiente para todo lo que ha sobrevivido Carla. ¿Quién controla que se cumpla y vela por su seguridad? 

Apartar del cargo a un funcionario denunciado por violencia de género equivale al simple hecho de pretender sacarse una tarea, una mancha de encima. No se hace foco en el problema interno del sistema judicial, no se establecen planteos para determinar cómo un funcionario de esta índole ejercía violencia desde hace tantos años y ocupaba ese puesto. Además, queda la incógnita más importante, ¿cómo se establece que una persona es idónea en su totalidad para ejercer un puesto tan determinante para la sociedad?