Este martes 10 de diciembre se cumple un año desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación. Estos primeros 12 meses de Gobierno sirvieron para reflejar el modelo de país que quiere: extractivista y exportador de materia prima y recursos naturales; contrario al desarrollo, trabajo e industria nacional. En definitiva, el viejo y clásico proyecto liberal/capitalista para Argentina.

Tres medidas explican este proyecto: la suba del tipo del cambio del 118% que impuso ni bien asumió, y que derivó en la pulverización de más del 50% de salarios y jubilaciones; la desregulación de casi todos los sectores de la economía y la suba de las tarifas de los servicios públicos (luz, agua, gas y transporte); y la sanción de la Ley Bases, específicamente la creación del Régimen Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La devaluación inicial sumada a la suba de alimentos, medicamentos y tarifas de servicios públicos, generó una fuerte caída de los salarios de los trabajadores, que en promedio descendieron un 9,6% de acuerdo a la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Sin embargo, si se utiliza la inflación medida con la Encuesta de General de Hogares (ENGHo)- con una canasta más actualizada que la del Indec-, las pérdidas reales de los salarios son del 9,1% en el sector privado registrado; 22,5% en el público; y 27,2% entre los trabajadores no registrados. De esta manera, el desplome promedio de los salarios es del 16,7% respecto a noviembre de 2023.

Este descenso en la capacidad de compra de los trabajadores redundó en que el consumo de carne vacuna por habitante hasta octubre de 2024 se encuentra 11,2% por debajo del mismo periodo de 2023, siendo el peor nivel en 28 años. El consumo de yerba mate, en el acumulado en los primeros 10 meses del año, se encuentra 9,2% por debajo del mismo período de 2023 y en el peor nivel desde 2017. Mientras que el sector lácteo hasta octubre acumula una baja de 11,4% de consumo per cápita respecto al mismo período de 2023, según relevó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La suerte de los jubilados no fue mejor desde que asumió Javier Milei. El presidente vetó la Ley que establecía una nueva fórmula de movilidad, sancionada por el Congreso, y que permitía recuperar todo el poder adquisitivo perdido por los jubilados desde diciembre del año pasado.

La ley incluía una cláusula gatillo una vez al año que mejoraba los haberes sujeto a la recuperación real de los salarios en el año calendario anterior. A su vez, la Ley otorgaba una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes (para alcanzar el 20,6% de la inflación de enero), y una garantía de haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total de un adulto. 

Al vetarse la ley, el gobierno utilizó el bono como variable de ajuste. Desde marzo, se encuentra congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y diciembre 93,1%. La mínima, con bono incluido, sólo aumentó 61,2%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en diciembre de $135.140, es decir, $65.140 más de lo actual.

A este ajuste en los haberes, se suma la eliminación de los medicamentos gratis en diciembre de 2024 a aquellos afiliados del PAMI que cobren más $390.000, o tengan un auto de menos de 10 años de antigüedad o dos propiedades inmuebles. Quienes están habilitas a recibir el beneficio, deberán realizar una serie de trámites que implican la presentación de recetas y posterior aprobación. 

Asimismo, el Estado dejó de intervenir sobre los precios de medicamentos y habilitó fuertes aumentos en aquellos consumidos por adultos mayores, lo que significó aumentos de precios siderales en el precio de venta al público, de alrededor del 210,5%. Mientras que la canasta PAMI subió 422,5% desde el triunfo de Milei.

A lo que se debe agregar la desregulación de los hidrocarburos, provocando que, en un país productor de combustibles, haya paridad con el precio internacional. De esta forma, la nafta pasó de valer en noviembre del 2023 $280 a $1.100 en diciembre de este año, un incremento de 293%.

Por su parte, el Decreto 302/2024 derogó aquel que declaraba a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como servicios públicos esenciales y estratégicos. Lo que le permitió a la Telefonía Móvil (concentrada en tres empresas- Claro, Personal y Movistar) aumentar 210,4% sus tarifas, entre noviembre del 2023 y octubre de este año. 

En una economía como la Argentina, donde uno de los principales motores es el consumo, la brusca caída del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados tiene efectos inmediatos. Entre enero y septiembre de este año, la actividad económica cayó 3,1% en la comparación acumulada con el mismo período del año pasado. Si excluimos el factor agro (que compara con un 2023 atravesado por la sequía), el derrumbe es de 5,5% acumulado hasta septiembre. 

Esta caída de la actividad económica tuvo sus efectos en el desempleo. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se perdieron más de 261 mil puestos, según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Los que más perdieron fueron la construcción, con 66.000 nuevos desocupados; y la industria manufacturera, con 29.600 puestos destruidos y el cierre de 879 empresas.

En su primer año de Gobierno, Milei impulsó una reducción de aranceles a la importación de bienes como heladeras y lavarropas (del 35% al 20%), neumáticos (35% a 16%) e insumos plásticos (12,6% a 6%) y se anunció la apertura para el ingreso de acero. Todas medidas que perjudican el desarrollo de la industria nacional.

En ese sentido, vale decir que, desde diciembre del año pasado, sólo uno de los 16 rubros en los que se divide el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero que elabora el Indec creció en términos acumulados respecto a 2023: Refinación de petróleo. Los otros 15 sectores sufrieron derrumbes que alcanzan el 26,8%. 

Pero no todos perdieron. La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura aumentaron sus dividendos casi 40% y la Pesca 8,2% en comparación al año pasado. Todas actividades que se dedican a la exportación de materia prima. Mientras que la explotación de minas y canteras, dedicada a la extracción de recursos naturales, creció 7,1%.

Este modelo extractivista, que pretende transformar a la Argentina en un enclave colonial, viene a consolidarse con el RIGI, sancionado a mitad de año con la Ley Bases. Su objetivo es fomentar el ingreso de proyectos con un mínimo de USD 200 millones de capital, con amplios beneficios tributarios y cambiarios, y estabilidad fiscal por 30 años. A su vez, implica una cesión de soberanía a la hora de controversias ya que habilita su resolución en el Tribunal Internacional del CIADI.

Los sectores alcanzados son forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Algunos de los beneficios del régimen son el acceso a divisas, rebaja impositiva, estabilidad y resolución de controversias, y un cambio en la matriz productiva, ya que los inversores extranjeros tienen beneficios exclusivos, mientras que los locales enfrentan aranceles para producir los mismos bienes.

Además de limitar el plan productivo para Argentina a la esfera extractiva, sin creación de valor agregado, el RIGI tampoco promueve la creación de puestos de trabajo de calidad. Las actividades alcanzadas por este régimen sólo explican el 6% del empleo registrado privado y con escaso crecimiento en los últimos 15 años. Por el contrario, la industria manufacturera que pone en riesgo el RIGI explica el 19% de los puestos de trabajo. 

Vale mencionar también que desde la sanción del Régimen, de los seis proyectos que ingresaron al RIGI (USD 7.920 MM), más de la mitad (USD 5.720 MM) corresponden a YPF. El 70% de la totalidad de estas inversiones se encuentran localizadas en Vaca Muerta. Cuya rentabilidad deviene de la inversión inicial que realizó la petrolera estatal. 

La otra pata para explicar la fenomenal transferencia de recursos argentinos a manos extranjeras, es la timba financiera. Para ello, el Gobierno de Milei, a través de su ministro de Economía, Luís “Toto” Caputo, emitieron letras del Tesoro como las LEFI, LECAPs y BONCAP, que hoy acumulan intereses capitalizados por 10,4 billones de pesos en manos de bancos comerciales y fondos de inversión. Esto explica que el sector mas beneficiado por el modelo libertario haya sido el de la “Intermediación financiera”, que multiplicó su facturación por siete.

Esta timba financiera se sostiene también en el rendimiento de los dólares financieros que, entre julio y diciembre, mantuvieron un sendero estable a la baja permitiendo el éxito del carry trade, o la bicicleta financiera, que es la inversión realizada en moneda local para, luego de un determinado plazo y aprovechando las tasas de interés positivas, obtener un beneficio en moneda extranjera.

En noviembre, la LECAP contra el MEP rindió 9,4% en dólares y contra CCL 8,6% en dólares, acumulando cinco meses consecutivos de carry trade con tasa en pesos. Este sistema no estalla siempre y cuando haya dólares. Cuando la divisa norteamericana comienza a escasear, se inicia la fuga de capitales que desató las últimas grandes crisis que vivió Argentina, como la del 2001.

Este modelo de país en el cual solo ganan unos pocos, tiene como contrapunto a las grandes mayorías del país, que son las que están soportando el fenomenal ajuste que lleva adelante Javier Milei. 

En los primeros diez meses, las partidas de jubilaciones y pensiones fueron recortadas un 24,2%; las de obra pública un 23,6%; las prestaciones sociales un 12,8%; los subsidios 12,7%; los salarios y otros gastos del Estado 12,6%; las transferencias a provincias un 7,8%; y el gasto en universidades 2,5%.