En las últimas semanas tomó notoriedad provincial la censura y persecución que atraviesan quienes visibilizan y acompañan las denuncias por abusos sexuales en infancias y adolescencias. 

Desde censuras judiciales a comunicadoras, despidos, persecución en la vía pública y hasta toma de fotos en las calles, son algunos ejemplos de lo que padecen madres y periodistas protectoras. 

El caso de Paola

Paola Fermanelli es una artista, locutora, recitadora y comunicadora que desde hace varios años se desempeña en los medios locales. 

En este sentido, es de las pioneras en visibilizar y denunciar las irregularidades judiciales en casos de ASI en la provincia. 

Se ha constituido como la vocera del caso del Niño Rayo, por el cual está denunciado el psicólogo infantil Gustavo Marcolli. 

Ante la visibilidad de la lentitud de la causa que ya lleva siete años, fue censurada a fin de año pasado por el Juzgado Civil y Comercial n*12. 

El juez Pablo Martín Teler Reyes la intimó bajo orden judicial a que cierre todas sus redes sociales y de mensajería, con el objetivo de que deje de nombrar a Marcolli. 

El trasfondo de censura y de aparente apañamiento a una persona que tiene una denuncia por abuso sexual contra un menor de entonces cinco años, es gravísimo. 

Como si fuera poco la censura contra una comunicadora, atentando contra la libertad de expresión, también la despidieron de un trabajo que realiza hace varios años. 

Paola se desempeñaba con éxito y sin ninguna queja laboral, como presentadora y recitadora en la Fiesta Nacional del Chamamé. 

La comunicadora manifiesta que el hecho de prescindir de sus servicios este año bajo la excusa de aparentes recortes, sería en realidad por la exposición que tuvo el año pasado como madre protectora. 

Incluso, la misma cuenta nacional de Instagram de la Asociación de Madres Protectoras se pronunció al respecto.  

“Entendemos que existe una intención de acallarla e invisibilizarla, ya que en el Superior Tribunal de Justicia se encuentra para una resolución, uno de los casos que involucra al cuñado de un funcionario público y que expone la corrupción judicial, política y periodística, con el único fin de dejar impune a un pedófilo violador con tráfico de influencias y poder”, exponen en la publicación. 

Y agregan que “El caso del niño Rayo, no es el único. Por medio de amenazas a la víctima y su familia, otro funcionario ya fue sobreseído con la misma complicidad de estos poderes, que no son para nada independientes. Recordamos que hay dos causas más que se encuentran activas, donde los acusados están vinculados al poder político y periodístico”.

Esta situación demuestra la aparente connivencia entre denunciados por estos casos y las relaciones estrechas entre el Poder Judicial y el político. 

A la ciudadanía, para que no se avasallen derechos y la censura a la prensa no se vuelva moneda corriente, le corresponde la difusión permanente de estos casos y entender que en estas causas el silencio sólo beneficia a denunciados.