Por Jere Giordano 

El gobernador Juan Pablo Valdés abrió el período legislativo ratificando la continuidad del modelo de gestión iniciado por su hermano y antecesor, Gustavo Valdés. El eje conceptual fue claro: responsabilidad fiscal, superávit sostenido y desarrollo productivo hacia 2030. Sin embargo, el contraste con los indicadores sociales y laborales de la provincia introduce tensiones difíciles de eludir.

Valdés celebró el orden macroeconómico impulsado por Javier Milei —reducción del déficit e inflación— aunque reconoció los costos del ajuste: paralización de obra pública nacional, eliminación del Fondo de Incentivo Docente, caída de programas sanitarios y aumento de tarifas energéticas vinculadas a CAMMESA. Esa doble posición —adhesión conceptual y reclamo federal— estructura el discurso.

Sin embargo, el alineamiento político no es solo discursivo. Los legisladores correntinos del oficialismo acompañaron en el Congreso las principales iniciativas impulsadas por Milei, incluso aquellas que implicaban recortes y reformas cuestionadas por su impacto social. La supuesta distancia electoral no se tradujo en una distancia legislativa efectiva. Corrientes continúa respaldando el esquema económico nacional aun cuando ese mismo esquema restringe recursos y programas que impactaban directamente en la provincia.

El empleo privado fue presentado como eje de la política social. No obstante, los datos muestran una realidad más compleja. Corrientes se ubica entre las provincias con mayor informalidad laboral del país: alrededor del 45 % de los asalariados trabaja sin registración formal. Esto implica ausencia de aportes jubilatorios, cobertura de salud y estabilidad laboral.

Entre los jóvenes la situación es aún más crítica. Diversos informes indican que la informalidad en el segmento de 18 a 35 años ronda el 35 % o más, dependiendo del recorte estadístico, consolidando una generación con inserción laboral precaria y bajos niveles de protección social.

En el plano productivo, el conflicto de la textil Alal en el interior provincial —con suspensiones y tensiones laborales— se suma a un contexto donde la apertura importadora golpea a la industria local. El propio gobernador reconoció que productos provenientes de China e India están desplazando producción nacional. La crisis del sector textil contradice, en los hechos, la promesa de industrialización con valor agregado en origen.

A esto se agrega el deterioro del ingreso real. Relevamientos locales señalan que una familia correntina necesitó más de un millón de pesos para no ser pobre a comienzos de año. En paralelo, casi 100.000 familias esperan mecanismos de refinanciación de deudas, un dato que refleja estrés financiero extendido en los hogares. El alto acatamiento al paro docente expuso además un malestar salarial persistente en el sector educativo.

En materia federal, Valdés reiteró reclamos por regalías de Yacyretá y Salto Grande, así como por el Fondo Compensador Jubilatorio reclamado ante la Corte Suprema. También advirtió que una reforma laboral hubiera reducido recursos coparticipables. El conflicto por fondos es real. Pero ese reclamo convive con el sostenimiento político del mismo esquema de ajuste que genera la restricción.

La pregunta central del discurso fue si puede sostenerse simultáneamente superávit fiscal, inversión y desarrollo con inclusión. La respuesta que surge del análisis es que el superávit no necesariamente se traduce en bienestar cotidiano. Si el equilibrio se mantiene mediante contención del gasto y absorción provincial de programas eliminados por la Nación, el ajuste termina trasladándose al tejido social.

En ese punto, el modelo correntino y el nacional se parecen más de lo que el propio discurso sugiere: ambos priorizan la disciplina fiscal como principio ordenador. La provincia enfrenta un mercado laboral con alta informalidad, sectores industriales debilitados y una estructura de ingresos tensionada. Sin una transformación profunda de esas variables, el superávit puede exhibirse como logro contable, pero no como garantía de inclusión real.

La tensión entre orden fiscal y justicia social no es retórica. Es estructural. Y será allí donde se mida la consistencia del proyecto político que hoy conduce Corrientes.