En una entrevista que brindó a Nueva Mirada Radio, Agustín Roa denunció la quita de la tarifa social del agua. El damnificado contó que esta situación comenzó a principios de año y que, hasta el momento, no tuvo respuesta. A pesar de haber presentado toda la documentación por discapacidad e incluso amparo judicial mediante, ni Aguas de Corrientes ni el Ministerio de Desarrollo Social se hicieron eco del reclamo.

Roa le explicó a este medio que "a pesar de ser personas con discapacidad" tanto él como su compañera, en enero les quitaron la tarifa social y recientemente les cortaron el agua. Ya a comienzos de año habían presentado papeles y documentación tras la quita del subsidio, sin embargo la empresa Aguas de Corrientes les informó que su caso dependía del Ministerio de Desarrollo Social. Ante la nula resolución de estos organismos, recurrieron a presentar un amparo judicial.

No obstante,  recientemente les cortaron el servicio tras acumular intimaciones de pago. Ante tal situación, Roa explicó que "sin la tarifa social, no estamos en condiciones de pagar". Añadió, además, que tenían este subsidio desde el 2007 con documentación fehaciente de que, junto con su mujer, son personas con discapacidad.

Desde Aguas de Corrientes se "comprometieron a enviar el expediente al Ministerio", sin embargo la única respuesta que tuvieron es que vuelvan a consultar sobre su situación a mediados de octubre. "No podemos esperar tanto tiempo", reclamó Roa, a quien le parece "una barbaridad que no puedan solucionar estos problemas de manera más rápida viviendo en un mundo hiperconectado".

Además de estas situaciones irregulares, se sumó que un encargado de Aguas de Corrientes, Jorge Fernández, se presentó en el domicilio del damnificado. Allí desconoció la existencia de un expediente que reconozca la situación. "Esto me llamó muchísimo la atención", comentó Agustín Roa. Sentenció también que "somos muchos vecinos" que padecen lo mismo y que "nos están negando el acceso a un derecho humano".

Cabe destacar que el acceso al agua es un derecho humano según distintos tratados, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales en sus artículos 11 y 12. En nuestra Carta Magna, los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 75 inciso 22.