El conflicto por el financiamiento universitario continúa escalando en todo el país. En ese marco, Marina Stein, delegada de ADIUNNE, advirtió sobre el incumplimiento del gobierno nacional a la ley que regula el presupuesto para las universidades, en una situación que ya cuenta con fallos judiciales favorables al sector pero que sigue sin resolución efectiva.

Según explicó, el gobierno no acató la normativa sino que optó por presentar un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema, lo que en los hechos implica una dilación del cumplimiento. Aun así, remarcó que la obligación de aplicar la ley sigue vigente, independientemente del recorrido judicial que tome el expediente.

Stein subrayó que se trata de una ley aprobada en reiteradas oportunidades por el Congreso de la Nación y respaldada por una fuerte movilización social en las calles. En ese sentido, planteó que el conflicto no es solo jurídico, sino también político y social, con un amplio consenso en defensa del sistema universitario público.

En relación al escenario abierto, señaló que la situación sigue siendo incierta por los tiempos judiciales, aunque recordó que ya existen dos fallos que obligan al Ejecutivo a cumplir con la normativa. En paralelo, cuestionó la falta de respuestas públicas por parte del gobierno nacional y sostuvo que existe un problema de transparencia y rendición de cuentas.

Uno de los puntos más críticos que marcó fue el deterioro salarial. Indicó que los docentes universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza, ya que un cargo testigo de 20 horas semanales percibe aproximadamente la mitad del valor de la canasta básica total. Incluso, explicó que se requieren más de 20 años de antigüedad para alcanzar ingresos que permitan llegar a fin de mes.

A esto se suma, según detalló, una pérdida de alrededor del 50% del poder adquisitivo en el último período, en un contexto donde los costos de vida —alimentos, alquileres, servicios y combustibles— aumentan por encima de los índices oficiales.

Este deterioro tiene un impacto directo en la vida cotidiana de trabajadores docentes y no docentes. Stein describió una situación de creciente desgaste, en la que muchos deben recurrir al pluriempleo para sostenerse. Mencionó casos de docentes con hasta tres trabajos, emprendimientos paralelos y migración hacia el sector privado en busca de mejores ingresos. También señaló situaciones de trabajadores no docentes que recurren a actividades informales para complementar sus ingresos.

Como consecuencia, advirtió sobre un proceso de vaciamiento en las universidades, expresado en renuncias y en la dificultad para sostener las tareas académicas. Este escenario, afirmó, repercute tanto en la calidad educativa como en el vínculo con el estudiantado.

En cuanto a las medidas de fuerza, explicó que el sector viene desarrollando paros y acciones de visibilización, como la instalación de carpas en espacios universitarios de Resistencia. Si bien reconoció que estas medidas afectan el dictado de clases, sostuvo que son una herramienta necesaria ante la falta de respuestas.

La situación también alcanza al sistema científico. Stein señaló que los subsidios para investigación son prácticamente inexistentes y que muchas líneas de trabajo dependían del financiamiento de organismos nacionales que fueron desmantelados. Actualmente, indicó, las universidades intentan sostener proyectos con recursos muy limitados, en un contexto donde gran parte de los insumos están dolarizados.

En este marco, confirmó que el sector se preparó una actividad realizada el 23 de abril en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, al cumplirse dos años de la primera marcha federal universitaria, y la convocatoria a una nueva Marcha Federal prevista para el 12 de mayo.

Además, destacó la articulación con el movimiento estudiantil, en particular con la Federación Universitaria del Nordeste, y remarcó la importancia de que las y los estudiantes tengan un rol activo en el conflicto.

El escenario, concluyó, excede el reclamo salarial y pone en discusión el sostenimiento del sistema universitario público. En ese sentido, desde el propio sector advierten que la resolución del conflicto estará vinculada a la capacidad de organización y movilización conjunta de docentes, trabajadores y estudiantes, en una tradición histórica que ha sido clave en los procesos de transformación en Argentina.