Un documento judicial del Distrito Este de Texas señala que el diputado nacional José Luis Espert habría recibido 200.000 dólares de parte de Federico “Fred” Machado, un empresario argentino detenido y con pedido de extradición en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

La revelación, difundida por distintos medios, ubica la transferencia en febrero de 2020 a través del fideicomiso Aircraft Guarantee Corporation, administrado por Machado y Debra Mercer-Erwin, también imputada en la causa. En esa planilla figura el nombre de Espert como destinatario de la suma.

El vínculo entre ambos no sería nuevo. En 2019, durante la campaña presidencial, Espert viajó en un avión King Air perteneciente a Machado para presentar su libro La Sociedad Cómplice en Viedma. En ese acto agradeció públicamente el apoyo del empresario. También, según relató su entonces jefa de prensa Clara Montero Barré, Machado solía participar en reuniones y sugería nombres para la fórmula electoral.

El crecimiento patrimonial del legislador también despierta sospechas. De acuerdo con declaraciones juradas citadas en medios, entre 2022 y 2024 su patrimonio declarado aumentó casi un 800%.

Frente a las acusaciones, Espert negó haber sido financiado por narcotraficantes. Aseguró que se trata de una “campaña sucia” motorizada por el kirchnerismo y sostuvo que desconocía las actividades ilícitas de Machado al momento de relacionarse con él. “No fui financiado por ningún narco”, declaró en entrevistas televisivas.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó que el diputado “aclare de inmediato su relación con Machado”. Desde el peronismo y otros bloques opositores se presentaron pedidos formales para removerlo de la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, e incluso se habló de su expulsión por “inhabilidad moral”.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei salió en su defensa, minimizando las denuncias y calificándolas de “chimentos de peluquería”. Sin embargo, el caso ya escaló a la agenda pública y plantea un interrogante central: hasta dónde llegan las conexiones del narcotráfico con la política argentina.