El fiscal, Flavio Ferrini, le solicitó al juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, que llamé a indagatoria a la ex diputada nacional, Ingrid Jetter, y a su hermano e intendente de Riachuelo, Martín, por presunto delito de exacciones ilegales.

La causa en la que ambos funcionarios están imputados se investiga los pedidos que habrían hecho para recibir retornos del salario de una ex trabajadora. La denuncia la realizó la ex empleada legislativa de Jetter, María Andra Cappa.

Ingrid Jetter es una de la líderes del PRO en Corrientes, preside la Fundación Pensar, fue diputada nacional entre 2019 y 2023, y actualmente es delegada argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Según figura en la denuncia, la ex legisladora se quedaba con parte del sueldo de su empleada porque "necesitaba dinero para su chofer, fotógrafo, peluquero, publicidad digital, que tenían costos y que tenía gente para poner en su lugar y costear esos gastos y que no se quejarían".

Cappa señaló que Jetter la obligaba a entregarle a personas que ella le iba indicando parte de su salario todos los meses. Además, expuso los chats de WhatsApp en los que la diputada la amenaza con que "el que no lo hace, se va".

Cappa fue asesora de Jetter en la Cámara de Diputados de la Nación e integró la planta transitoria de empleados de la Cámara Baja. Pero su vínculo laboral con la ex diputada existía desde el 2016. 

Durante 2020, las sumas mensuales que se acreditaron en la cuenta sueldo de Cappa oscilaron entre los 70 y 85 mil pesos, pero la diputada le dijo a su asesora que debía “dirigir” una parte de su salario a distintas personas que ella le ordenara. 

Así, la empleada debía resignar unos 25 mil pesos por mes que era obligada a "devolver" a distintas personas. Al finalizar el 2020, Cappa fue desvinculada de la Cámara de Diputados.