En Corrientes, el transporte público parece convertirse cada vez más en un privilegio en lugar de un derecho. Actualmente, el boleto urbano cuesta $1.290, y los próximos aumentos proyectan que podría alcanzar entre $1.850 y $2.300. 

Cada suba se justifica con “estudios de costos” presentados por las empresas concesionarias, que incluyen combustible, salarios y mantenimiento de flota. Pero lo que estos números ocultan es que cada incremento tiene un efecto directo sobre los ciudadanos más vulnerables, mientras el sistema sigue perdiendo pasajeros: quienes no pueden pagar el colectivo optan por alternativas más caras o directamente dejan de moverse, lo que genera un círculo vicioso de caída de ingresos y nuevos aumentos.

Al mismo tiempo, la municipalidad muestra una tendencia clara a delegar la responsabilidad de la movilidad urbana en manos del mercado privado y de aplicaciones de transporte como Uber o Cabify. Estos servicios, que se presentan como “soluciones modernas”, funcionan con un modelo económico que precariza a quienes lo hacen posible. 

Los conductores trabajan como contratistas independientes: sin cobertura social, sin jubilación, sin seguro de salud, sin garantía de ingresos mínimos y soportando los costos de sus vehículos, combustible y mantenimiento. Los usuarios tampoco cuentan con garantías: tarifas variables según demanda, disponibilidad incierta del servicio, y responsabilidad parcial de la plataforma ante incidentes o problemas de seguridad. En otras palabras, se traslada todo el riesgo al trabajador y al pasajero mientras la empresa se asegura una rentabilidad sostenida por inversión externa y expansión constante.

Este modelo de transporte refleja y refuerza un patrón más amplio de planificación urbana en Corrientes. La ciudad no se piensa principalmente desde la perspectiva de sus ciudadanos, sino del negocio inmobiliario y de la rentabilidad de los desarrollos privados. Las decisiones habitacionales y urbanas privilegian proyectos lucrativos, terrenos valorizables y lotes comerciales sobre la accesibilidad, la conectividad y la calidad de vida. El transporte público, entonces, se convierte en un elemento que debe “cerrar” financieramente, en lugar de ser una herramienta para garantizar movilidad equitativa, integración de barrios y derechos ciudadanos.

La pregunta que surge es inevitable: ¿qué ciudad estamos construyendo cuando cada aumento del boleto, cada app que entra a la ciudad y cada ruta que se deja sin frecuencia priorizan la ganancia sobre la necesidad? El riesgo es claro: Corrientes puede consolidarse como una ciudad fragmentada, donde moverse es un privilegio y no un derecho, y donde los barrios, los servicios y la infraestructura se alinean más con los intereses del mercado que con la vida de quienes habitan la ciudad.

Y, sin embargo, hay otro camino posible, uno que demuestra que la movilidad urbana puede pensarse desde el interés colectivo. Un modelo que no prioriza el negocio, sino la accesibilidad, la planificación y el Estado presente. 

En Sudamérica, un ejemplo de esto es Curitiba, en Brasil. Allí, la movilidad se organiza desde la década de 1970 mediante la Red Integrada de Transporte (RIT). Con corredores exclusivos para buses, estaciones diseñadas para embarque rápido y pago anticipado, rutas alimentadoras y una tarifa integrada que permite transbordos sin costos adicionales, Curitiba muestra cómo un transporte público puede ser eficiente, inclusivo y equitativo. 

Terminal alimentadora en Curitiba

La administración pública mantiene la planificación, regula los concesionarios y garantiza la renovación de la flota, mientras los usuarios acceden a un servicio confiable y los conductores cuentan con condiciones de trabajo más estables.

El contraste con Corrientes es evidente: mientras allí el transporte se concibe como derecho y se integra a una planificación urbana con visión de largo plazo, aquí se prioriza un modelo de ciudad-mercado, donde cada decisión parece buscar la rentabilidad y trasladar riesgos al ciudadano. No se trata de copiar Curitiba, sino de demostrar que otra política es posible: un Estado que planifique, regule, financie y garantice la movilidad para todos, que integre barrios, reduzca inequidades y piense la ciudad como un lugar para vivir y no solo para invertir.

El desafío para Corrientes no es solo económico, sino político y social. Elegir entre un transporte urbano que priorice la ganancia y reproduzca desigualdad, o uno que coloque a los ciudadanos en el centro, define la ciudad que estaremos construyendo para las próximas décadas. Porque la movilidad no es solo un boleto, es un reflejo de la ciudad que queremos ser.