El abogado Marco Maidana interviene desde mediados de abril en una causa judicial que investiga un presunto hecho de abuso contra un menor de 12 años dentro del Colegio Cautivas Correntinas, en la ciudad de Corrientes. 

La situación, que también fue abordada por otros medios locales, generó cuestionamientos no solo por el hecho denunciado, sino por el accionar posterior de la institución educativa y de una empresa tercerizada que presta servicios en el establecimiento.

Según reconstruye el letrado a partir del testimonio de la familia, el episodio ocurrió el 19 de marzo, durante el horario escolar. El menor se retiró del aula con permiso para ir al baño y, en ese contexto, habría sido abordado por una persona vinculada a la empresa de alimentos Shonko. De acuerdo al relato, se trató de una situación de carácter inapropiado que el niño logró interrumpir, regresando luego al aula en estado de alteración.

El primer relato del menor fue hacia un compañero, quien dio aviso a un preceptor. A partir de allí, el niño fue retirado del aula y llevado a la rectoría. Según expone Maidana, en ese espacio fue interrogado por autoridades del establecimiento, sin que se aplicaran protocolos específicos para este tipo de situaciones ni se diera intervención inmediata a la familia.

Siempre según la denuncia, la institución se comunicó con la empresa y la persona señalada fue retirada del lugar ese mismo día. Sin embargo, el hecho no habría sido notificado a la madre. La familia tomó conocimiento recién el 9 de abril, cuando la mujer se presentó en la escuela por otra situación y fue informada de manera indirecta sobre un episodio vinculado a su hijo.

En ese momento, fue derivada a la dirección, donde fue atendida por la directora Vilma Viudes. Según el abogado, la directiva le indicó que ya se habían tomado medidas, sin brindar precisiones sobre lo ocurrido.

Hasta entonces, la madre desconocía completamente la situación. El menor, atravesado por el miedo, no había podido relatar lo sucedido. Una vez que logra reconstruir el hecho a partir del testimonio de su hijo, decide retirarlo del establecimiento y regresa a la institución en busca de información sobre la persona involucrada, sin obtener datos concretos.

El letrado sostiene que la falta de información dificultó la radicación de la denuncia, que finalmente se formalizó el 10 de abril. A partir de allí, indica que el organismo de delitos sexuales actuó con rapidez, disponiendo entrevistas psicológicas y otras medidas de evaluación. También se tomó declaración a la directora, quien —según señala— negó los hechos.

Uno de los puntos que remarca la querella es la ausencia de contención institucional en los días posteriores al hecho. Entre el 19 de marzo y el 9 de abril, el menor no habría recibido acompañamiento por parte del colegio. Además, se plantean situaciones que podrían interpretarse como revictimización, en el marco de intervenciones realizadas dentro del ámbito escolar.

El impacto en el niño, según el relato, se evidenció en cambios de conducta: dejó de realizar actividades habituales, mostró retraimiento y un mayor apego a su entorno familiar. Estos comportamientos fueron comprendidos por la familia recién cuando se conoció lo sucedido.

La causa se encuentra en etapa de investigación, con intervención de la Fiscalía N° 9 y el Juzgado de Familia N° 3. Desde la representación legal se solicitó la incorporación de un equipo interdisciplinario para garantizar la contención del menor.

En cuanto a las responsabilidades institucionales, Maidana sostiene que los establecimientos educativos tienen la obligación de actuar ante situaciones de este tipo, especialmente cuando ocurren dentro de sus instalaciones, incluyendo la notificación inmediata a la familia y la activación de los protocolos correspondientes.

También cuestiona el rol de la empresa Shonko, que presta servicios de comedor en instituciones educativas. Según indica, no hubo colaboración suficiente para aportar información sobre la persona señalada, lo que generó incertidumbre sobre su situación actual.

Hasta el momento de la entrevista, no se registraba una intervención pública del Ministerio de Educación en el caso. La familia fue convocada a una reunión con organismos del área social, aunque sin precisiones sobre su alcance.

El caso continúa bajo investigación judicial. Mientras tanto, el foco de la familia y de la representación legal está puesto en el acompañamiento del menor y en el esclarecimiento de lo ocurrido, en un contexto que también abre interrogantes sobre los mecanismos de respuesta institucional frente a situaciones de esta naturaleza.