Un análisis de Nueva Mirada

El conflicto docente en Corrientes no comenzó con los descuentos, sino con un proceso previo de organización y protesta. A mediados de marzo, los principales gremios —SUTECO, ACDP y AMET— convocaron a un paro provincial y a jornadas de protesta en toda la provincia en rechazo al aumento salarial del 6%, considerado insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. 

Las medidas incluyeron movilizaciones en plazas, clases públicas, radios abiertas y concentraciones en distintas ciudades. La protesta tuvo un carácter amplio: no sólo sindical, sino también con fuerte presencia de docentes autoconvocados, que pusieron el foco en el salario en negro, las condiciones laborales y el deterioro del sistema educativo. 

Lejos de descomprimir, el conflicto escaló. En la capital correntina se registraron marchas, actos y hasta una movilización con antorchas frente a Casa de Gobierno, con consignas dirigidas directamente al gobernador Juan Pablo Valdés. Los reclamos incluyeron no sólo mejoras salariales, sino también cuestionamientos a restricciones al derecho de huelga y denuncias de presiones sobre el sector. 

Incluso cuando algunas medidas de paro fueron limitadas por decisiones administrativas, las protestas continuaron bajo nuevas modalidades: paros por horas, asambleas y acciones judiciales, en un escenario de creciente conflictividad. 

Es en ese contexto donde el gobierno provincial decide avanzar con descuentos salariales por días de paro. Lo que inicialmente se presentó como una medida disciplinadora habitual terminó generando un efecto inverso: profundizó el conflicto. Hubo casos donde las quitas alcanzaron porcentajes muy elevados del salario mensual, lo que provocó una reacción inmediata de docentes y gremios.

A partir de allí, el conflicto deja de ser sólo salarial y pasa a exponer un problema estructural. La composición del salario docente —con sumas no remunerativas—, el funcionamiento cuestionado de IOSCOR, las tareas no reconocidas fuera del aula y el financiamiento informal de recursos escolares configuran un escenario donde el ajuste impacta sobre condiciones ya deterioradas.

Las propias voces docentes ayudan a entender esa dimensión: salarios fragmentados que afectan la jubilación, cobertura de salud insuficiente, materiales y gastos escolares que salen del bolsillo de los trabajadores, y una carga laboral que excede las horas pagas. En ese marco, los descuentos no fueron leídos como una medida aislada, sino como parte de una lógica más amplia.

La magnitud de las quitas terminó forzando un replanteo. El gobierno, a través de la ministra Ana Miño, anunció el reintegro del Complemento Docente Provincial para el 19% de los afectados y redefinió el esquema de descuentos, que pasarán a ser proporcionales y limitados a ese componente salarial.

En el comunicado oficial, la medida fue presentada como un paso hacia un sistema “justo” de incentivos, con eje en el reconocimiento al presentismo y la continuidad de clases. Sin embargo, esa lectura contrasta con lo que ocurre en las calles.

Porque mientras el gobierno habla de reglas claras, las movilizaciones continúan. Las marchas, protestas y acciones docentes no se detuvieron con el anuncio del reintegro; por el contrario, forman parte de un proceso que sigue activo en toda la provincia, con un reclamo que excede el episodio puntual de los descuentos.

La marcha atrás del Ejecutivo corrige un exceso, pero no modifica el fondo. Y ese fondo —salarios deteriorados, condiciones precarizadas y conflicto sostenido en el tiempo— es el que mantiene abierto un escenario donde la protesta no es la excepción, sino la consecuencia.