A casi cinco décadas del inicio del terrorismo de Estado en Argentina, la justicia federal confirmó la identificación de los restos de doce personas detenidas-desaparecidas que fueron enterradas clandestinamente en terrenos del ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. El hallazgo es resultado de excavaciones realizadas en 2025 y de un prolongado trabajo científico de identificación genética. 

La investigación está a cargo del Juzgado Federal Nº3 de Córdoba, encabezado por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, y forma parte de la causa que investiga enterramientos clandestinos vinculados a los crímenes de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Los restos fueron encontrados en el sector conocido como “Loma del Torito”, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó uno de los principales centros de detención, tortura y exterminio del país. 

El proceso de identificación fue llevado adelante por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Los especialistas realizaron excavaciones arqueológicas, análisis antropológicos y estudios genéticos que permitieron establecer con certeza la identidad de las víctimas. 

Según explicaron los investigadores, los restos habían sido hallados en septiembre de 2025 tras una campaña de búsqueda que se extendió durante semanas y movilizó maquinaria pesada y equipos técnicos para remover grandes cantidades de tierra en un área donde testimonios y fotografías históricas señalaban la posible existencia de fosas clandestinas. 

La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por el general Luciano Benjamín Menéndez. Se estima que por ese centro clandestino pasaron entre 2.200 y 2.500 personas secuestradas, la mayoría de las cuales continúan desaparecidas. 

Las identificaciones se realizaron a partir del cruce entre el ADN extraído de los restos óseos y las muestras genéticas aportadas por familiares de desaparecidos. Este procedimiento permitió avanzar en la reconstrucción de historias interrumpidas hace casi cincuenta años y ofrecer una respuesta largamente esperada por las familias. 

De acuerdo con la información difundida por organismos de derechos humanos y medios nacionales, entre las identidades confirmadas se encuentran militantes políticos y sociales que habían sido secuestrados durante la represión ilegal de la dictadura. 

La Justicia indicó que las identidades completas se darán a conocer progresivamente una vez que finalice el proceso de notificación a todas las familias. Mientras tanto, continúan las pericias sobre otros restos encontrados en la zona y se prevé retomar nuevas excavaciones durante este año. 

El hallazgo constituye un nuevo avance en las causas por crímenes de lesa humanidad y vuelve a poner en primer plano el papel de la ciencia forense en la búsqueda de verdad y justicia. Cada identificación permite reconstruir parte de la historia del terrorismo de Estado y cerrar, al menos en parte, la incertidumbre que durante décadas atravesó a las familias de las víctimas.

Las identidades recuperadas

Entre las víctimas identificadas a partir de los restos hallados en las fosas clandestinas del predio de La Calera se encuentran:

Mario Alberto Nívoli

Ramiro Sergio Bustillo Rubio

Oscar Omar Reyes

Eduardo Jorge Valverde Suárez

Raúl Oscar Ceballos Cantón

Una de las mellizas Carranza: Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza (aún no se pudo determinar cuál de las dos por limitaciones en el material genético)

Las identidades fueron confirmadas a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y difundidas por organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas.

Los restos corresponden a personas secuestradas y desaparecidas durante el terrorismo de Estado y enterradas clandestinamente en el área conocida como Loma del Torito, dentro del predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención La Perla.

A pesar de que los trabajos forenses permitieron identificar a 12 personas, no todas las identidades fueron difundidas públicamente hasta el momento. Desde la Justicia federal y el equipo de investigación señalaron que el proceso de comunicación se realiza de manera gradual porque primero debe concretarse la notificación oficial y el acompañamiento a las familias de las víctimas. Recién después de ese procedimiento se hacen públicas las identidades, en un protocolo que busca resguardar a los familiares y garantizar que la información sea transmitida de forma directa y respetuosa.