La Sociedad Rural de Corrientes Capital generó una fuerte polémica al bautizar con el nombre del capitán Juan Carlos De Marchi —condenado por 70 crímenes de lesa humanidad— la plaza principal de su predio sobre la ruta 12, en un gesto que fue denunciado como una reivindicación directa del terrorismo de Estado.

De Marchi fue condenado en 2008 por un tribunal federal de Corrientes por dirigir un centro clandestino en el Regimiento 9, donde se cometieron secuestros ilegales, torturas y otros abusos contra detenidos por motivos políticos, incluyendo a estudiantes, sacerdotes, trabajadores y hasta una bebé de meses.

Los jueces determinaron que De Marchi, durante la represión, actuó con “gran discrecionalidad”, y establecieron también que él formaba parte de un grupo de inteligencia cuya estructura permitía detenciones clandestinas, interrogatorios bajo tormento y otras graves violaciones a los derechos humanos.

El hecho fue cuestionado por fiscales y organismos de derechos humanos, quienes lo califican como un “claro acto de desprecio a todas las víctimas” y una forma de hacer apología del terrorismo de Estado.

De Marchi falleció en junio de 2024, después de haber obtenido libertad condicional en 2021, cuando ya había cumplido más de dos tercios de su condena. 

Este homenaje en un espacio rural no solo rememora su pasado militar y su vieja relación con la institución —fue presidente de la Sociedad Rural de Corrientes entre 1989 y 2004—, sino que también abre un debate profundo sobre la memoria, la impunidad y las formas de reivindicación pública de figuras vinculadas a crímenes de lesa humanidad.