TRABAJO

Milei acelera su “verdadera” reforma laboral: entre la presión empresarial y el retroceso en derechos

El gobierno nacional vuelve a poner en agenda su reforma laboral en contra de los trabajadores. Los resultados electorales fueron el impulso para para profundizar el decreto 70/2023.

Fotos @jere.giordano

Análisis de Nueva Mirada

El presidente Javier Milei vuelve a poner sobre la mesa la reforma laboral, esta vez con un discurso de poder tras los resultados electorales. Lo que antes era una promesa ante las cámaras empresarias hoy aparece como prioridad en la agenda de gobierno. 

Detrás del lenguaje de “modernización” y “competitividad” se esconde una avanzada que apunta a debilitar los convenios colectivos, extender la jornada laboral y redefinir el salario en función de la productividad individual.

Ya en su visita a Mendoza, ante la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Milei reiteró que las transformaciones estructurales comenzarán “cuando el Congreso no sea tan hostil como ahora”.

 Prometió una baja de impuestos como antesala de la reforma laboral, con la idea de liberar recursos para el sector privado y promover “un loop de reformas permanentes” que abran la economía y fortalezcan la inserción internacional.

El mensaje, claramente dirigido al empresariado, ratifica una estrategia ofensiva en regla contra la legislación laboral vigente, impulsada tanto por el “círculo rojo” local como por los organismos financieros internacionales. La promesa de “libertad económica” se traduce, en los hechos, en una reducción del costo laboral a partir del recorte de derechos.

Los puntos duros del proyecto

El borrador de la llamada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo incluye modificaciones profundas:

Extensión de la jornada laboral hasta 12 horas mediante el banco de horas, eliminando el límite de 8 horas diarias fijado por la OIT desde 1919.

Fraccionamiento de las vacaciones, lo que fragmenta el descanso continuo y debilita su función reparadora.

Salario por mérito, que vincula la remuneración con la productividad individual, desplazando la lógica de los convenios colectivos.

Redefinición de los créditos laborales, limitando la indexación de indemnizaciones y favoreciendo a las empresas en los litigios.

Eliminación de la ultraactividad de los convenios, lo que permitiría dejarlos sin efecto una vez vencidos, debilitando la negociación sindical.

A esto se suman beneficios fiscales para los empleadores que contraten beneficiarios de programas sociales o trabajadores estatales despedidos, configurando una suerte de subsidio público al capital privado.

Flexibilización o “reforma regresiva”

Desde la Universidad Nacional del Nordeste, en Radio UNNE los especialistas Claudia Gatti, Lic. En Relaciones Industriales, y Juan Carlos Díaz, abogado laborista de la Facultad de Derecho, plantean que no se trata de una reforma progresiva sino de una flexibilización laboral en toda regla.

“La jornada de 12 horas es una regresión tremenda en la protección de la salud y de la vida familiar”, advirtió Gatti, mientras Díaz subrayó que los convenios colectivos son “el piso de dignidad” del trabajo argentino.

Ambos coincidieron en que esta iniciativa traslada el riesgo y la carga productiva al trabajador, bajo la falsa promesa de que quitar derechos genera empleo. Los datos oficiales, recordó Díaz, desmienten esa lógica: desde diciembre de 2023 se perdieron más de 250 mil empleos formales y cerraron unas 18 mil empresas.

El trasfondo político y el pulso del poder

El ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Trabajo Julio Cordero ya anticiparon que la “verdadera reforma laboral” será el corazón de la nueva etapa de gobierno.

El mensaje a los empresarios es claro: si el dólar no sube lo suficiente para devolver competitividad, el Gobierno compensará esa pérdida bajando impuestos y costos laborales. Se trata de un equilibrio dictado tanto por las demandas del gran empresariado local como por el Tesoro de Estados Unidos y el FMI, interesados en garantizar la estabilidad del plan económico argentino.

Lo que está en discusión no es sólo una ley: es la naturaleza misma del contrato social argentino. Para Díaz, “cada vez que se atacan los convenios colectivos, lo que se pone en juego es la distribución del ingreso”. Gatti coincide: “La negociación colectiva garantiza igualdad salarial, licencias, inclusión y equidad de género. Su debilitamiento conduce a una sociedad más desigual”.

Mientras Milei promete “un milagro libertario” basado en la libertad del capital, los especialistas advierten que esa libertad se sostiene sobre la pérdida de derechos laborales conquistados durante más de un siglo.

La pulseada que se abre en el Congreso definirá no sólo el rumbo económico del país, sino el modelo de trabajo y de ciudadanía que quedará en pie después de la reforma.

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