Desde los Defensores de los Espacios Públicos Costeros de Corrientes, informaron que pedirán a la Justicia Provincial que se expida y resuelva a la brevedad con respecto al proyecto de un Shopping y también sobre los paradores que, “día a día, continúan avanzando y ocupando más terrenos sobre la playa pública Arazatí”. 

Se trata del Shopping que pretende construir el empresario de los casinos, Jorge Goitia; y los paradores privados, como Jack Tower, que avanzaron sobre un terreno público como lo es la Playa Arazatí de la ciudad de Corrientes

“El amparo que oportunamente presentamos ante la justicia provincial, posee todas las pruebas y pediremos que se dicte pronta sentencia”, afirmaron desde los Defensores Costeros. 

A pesar de las presentaciones judiciales, los paradores privados que ocupan el espacio público de la ribera correntina “continúan día tras día ampliando”, señalaron. 

Por ejemplo, Jack Tower está triplicando su superficie original; mientras que, en el relleno realizado por Bienes Raíces SA., en la desembocadura del Arroyo Limita, “ya se advierte como el agua busca nuevos espacios a inundar, al encontrarse con los enormes rellenos ilegales que aumentaron su altura y se constituyen en diques”, advirtieron.  

En el marco del amparo ambiental presentado, la Justicia realizó numerosas actas de infracción contra Jack Tower y Santos por seguir ampliando de manera permanente sus comercios; y por continuar vallando grandes superficies para eventos privados. 

“Desconocemos hasta el día de hoy, si existe un canon pagado a la municipalidad por parte de estos empresarios. O si ha existido algún tipo de multa”, indicaron. 

Los defensores costeros recordaron que “todo esto ocurre en un espacio construido por inversión pública y que es de todos los correntinos”.  Además, en este momento el río “está recuperando su caudal normal y empezó a ocupar lo descubierto durante la bajante histórica (2021-22)”, remarcaron. 

Sin embargo, “vemos cómo estos negocios se siguen ampliando y esto genera una mayor pérdida del área pública de playa”, afirmaron.

Los defensores costeros enumeraron las normas incumplidas por estos negocios privados, que funcionan por la permisividad de la Municipalidad de Corrientes: ordenanzas 1176, 1071, 2251, 2506, 2852, 3064 y 3684; Leyes provinciales 4731 y 5067; y Ley Nacional 25675, entre otras.