El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes dejó firme la condena de tres años de prisión condicional impuesta a Ricardo Nicolás Prieto, productor hortícola de la localidad de Lavalle, por el homicidio culposo de Nicolás Arévalo, un niño de 4 años, y por las lesiones culposas a su prima, Celeste Estévez, tras una fumigación con agroquímicos en marzo de 2011. 

El fallo histórico ratifica la sentencia que ya había sido dictada en 2020 por el Tribunal Penal de la Segunda Circunscripción de Goya, tras un largo proceso judicial que incluyó una absolución inicial, recursos de casación y un segundo juicio ordenado por instancias superiores. 

Según reconstruyó la causa, el 30 de marzo de 2011 Prieto fumigó con agroquímicos organoclorados una chacra de tomates y hortalizas en Puerto Viejo, en Lavalle, sin tomar las precauciones necesarias. En esas circunstancias, Nicolás Arévalo jugaba cerca del campo cuando entró en contacto con restos de producto, lo que le provocó un edema agudo de pulmón y su muerte días después. Su prima, Celeste, también sufrió lesiones graves atribuibles a la intoxicación. 

La causa había tenido un primer juicio en 2016, con una absolución por insuficiencia probatoria, tras lo cual se presentó recurso de casación y el Superior Tribunal de Justicia correntino ordenó un nuevo juicio, que en 2020 volvió a condenar a Prieto. En esa sentencia original se aplicaron penas de prisión condicional y se impusieron reglas de conducta, entre ellas la obligación de capacitarse en uso seguro de agroquímicos. 

La ratificación del máximo tribunal provincial se produjo después de que la defensa apelara la condena, la cual fue rechazada por considerar que “todos los elementos de prueba valorados brindaron el grado de certeza necesaria” para confirmar la responsabilidad del productor. 

El caso es emblemático porque no solo marcó un antecedente judicial dentro de Corrientes sino que también se inscribe en un debate más amplio sobre el uso de agroquímicos y la responsabilidad penal por daños a la salud humana, especialmente en zonas rurales y periurbanas. Organizaciones ambientales y familiares de víctimas vienen reclamando mayores controles y normativa más estricta para evitar tragedias similares. 

La decisión judicial reabre además discusiones sobre las distancias de aplicación, la fiscalización de fumigaciones y la protección de los derechos de comunidades expuestas a sustancias peligrosas, en una provincia donde la producción agrícola convive con reclamos sociales y ambientales de largo aliento. 

En resumen, el fallo del Superior Tribunal no solo ratifica una condena que llevaba años en proceso, sino que pone nuevamente sobre la agenda pública y judicial la necesidad de un control efectivo sobre el uso de agroquímicos y la protección de la salud de los vecinos de zonas productivas.