La Multisectorial Corrientes emitió un documento en el que critica con dureza el nuevo proyecto de Ley Ómnibus a Bases y al Paquete Fiscal, que el Gobierno nacional remitió al Congreso de la Nación y que se comenzó a debatir este lunes en la Cámara de Diputados.

Según el agrupamiento que nuclea a organizaciones sindicales, sociales y políticas, “ambos proyectos apuntan a profundizar una estructura económica más concentrada, extranjerizada, primarizada y desindustrializada, donde sobrarán millones de compatriotas, y con trabajadores más precarizados”. 

Entre los aspectos que más se cuestionan están “la privatización total o parcial de 11 empresas públicas (algunas de ellas estratégicas como Nucleoeléctrica Argentina, Energía Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aerolíneas Argetinas, entre otras”.

“La cesión de soberanía energética, en la cual se renuncia al autoabastecimiento de hidrocarburos, se prohibe conceder nuevas áreas de explotación a empresas públicas como YPF, se habilita que Estados extranjeros obtengan concesiones de explotación, se libera la exportación, y se fija el precio internacional de hidrocarburos para nuestro mercado interno”.

Además, “se crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), otorgando beneficios inéditos en términos tributarios, aduaneros y cambiarios, y estabilidad normativa por 30 años, a favor de sociedades anónimas y sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero, lo que conlleva a renunciar a nuestra soberanía productiva, fiscal, cambiaria y jurídica”.

También se “faculta al presidente a disolver o suprimir organismos de la administración central o descentralizada, muchos de ellos estratégicos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Administración de Parques Nacionales, Instituto Geográfico Nacional, Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros”.

Asimismo, “disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos, que se ocupan del desarrollo provincial, la vivienda social, la infraestructura hídrica y de transporte, la promoción científica y tecnológica, la integración socio urbana, el manejo del fuego, entre otros”.

En el mismo sentido, el proyecto “permite el pase a disponibilidad y despido de todos los trabajadores estatales nacionales de planta permanente, inclusive los que tengan licencias por enfermedad, accidente o embarazo”.

La nueva Ley incluye “una reforma laboral regresiva para los trabajadores, que fomenta la tercerización laboral al habilitar la intermediación y subcontratación que quitan responsabilidad a la empresa usuaria, elimina todas las multas por falta de registro de los trabajadores lo que producirá el aumento de la informalidad laboral, y se habilita el despido discriminatario”.

El proyecto de Milei “elimina la moratoria previsional, que permite jubilarse a trabajadores que no completan los aportes por no estar registrados, y los trasladan al sistema PUAN, cuyo haber es 20 % menos que la jubilación mínima”. 

Por otro lado, el proyecto de medidas fiscales establece: “blanqueo de capitales, es decir, un perdón a los grandes evasores de impuestos, que a cambio de declarar su riqueza oculta (activos locales y en el exterior) son eximidos de causas judiciales, pago de multas, y reciben reducción de impuestos, facilitando el lavado de dinero ilegal”.

“Reduce notoriamente la alícutota al impuesto sobre bienes personales/riqueza (el impuesto más progresivo y además coparticipable con las provincias), dándoles estabilidad fiscal hasta el año 2038”.

También “reimplanta el pago del impuesro a las ganancias a los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, que hará que más de 1 millón de asalariados vuelvan a pagarlo”.

Finalmente, establece el “aumento de la carga impositiva para los monotributistas y elimina el monotributo social”.

Por todo ello, “llamamos a los diputados nacionales por Corrientes (Manuel Aguirre, Lisandro Almirón, Sofía Bambrilla, Alfredo Vallejos, Jorge Romero, Nancy Sand, Christian Zully) a rechazar este paquete de leyes porque elimina derechos laborales y sociales conquistados por el pueblo argentino”.

A la vez que “cede la soberanía nacional sobre nuestro patrimonio y recursos naturales, suprime funciones esenciales del Estado, y porque configura un plan de negocios para unos pocos”, concluyó la Multisectorial.