La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y más de 5.000 personas emitieron una carta pública, en la cual criticaron la decisión de Alberto Fernández de nombrar al ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, como jefe de asesores de la Presidencia de la Nación.

En la misiva, le pidieron al presidente que revea su decisión antes que se concrete la asunción de Aracre como funcionario público el 1 de febrero. Compararon esta situación con el nombramiento del ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, donde el Gobierno de Mauricio Macri.

Aracre trabajó en Syngenta durante 36 años y en los últimos 12 se desempeñó como CEO para Latinoamérica Sur.

Según dice el texto firmado por ambientalistas, Syngenta “es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de dólares, un aumento de 4.900 millones, lo que representa un 24% más con respecto al año anterior”.

En ese sentido, remarcaron en “en 2021, el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas”.

“En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas”, explicaron los especialistas en la carta.

“Hoy las ganancias de Syngenta en Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato. Atrazina: se trata de un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea. Paraquat: altamente tóxico y persistente, prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza, entre otros”, afirmaron los ambientalistas.

Sobre el glifosato, dijeron: “Desde 2015 el glifosato fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico”.

“Esta problemática es conocida popularmente en todo el mundo como ‘puertas giratorias’: se trata de funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones”, concluyeron.