Cientos de militante y organizaciones realizaron este lunes la quinta Marcha Provincial contra el Gatillo Fácil. La movilización se inició en el Parque Camba Cua, y continuó en el microcentro de la ciudad de Corrientes.

“A nivel nacional tenemos más de 8.700 personas asesinadas por el Estado nacional desde el regreso de la democracia en 1983”, puntualizaron desde la organización de la marcha.

En ese sentido, detallaron que en Corrientes, según registros propios del Observatorio Conflictos Sociales Nea y la Red Corrientes de Derechos Humanos, “son 160 cuanto menos, las personas asesinadas por el Estado Provincial”.

De acuerdo a los informes, la mayoría de las muertes se producen en lugares de encierro, bajo custodia del estado. “Se los mata por acción directa de la violencia de quienes incumplen su deber de cuidado, los mata porque el sistema permite que se tercerice la violencia, los mata por no atender a sus demandas de salud y la cárcel, que no resocializa, los mata de tristeza y abandono”, afirmaron.

Luego le siguen las muertes por gatillo fácil, es decir, las persecuciones policiales seguidas de muerte. 

“Casi todas dadas en el marco de procedimientos ilegítimos, razzias en las barriadas populares, dirigidas a jóvenes, principalmente, y por aprehensiones ilegales sin orden judicial, por “alteración del orden”, por contravenciones o detenciones por averiguación de antecedentes”, remarcaron.

“Alarman los ‘suicidios’ que se producen en lugares de encierro, algunos dentro de las primeras 24 horas de detención”, señalaron.

“Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad atravesada por la miseria para muchos y calidad de vida para muy pocos”, subrayaron.

Durante la marcha se exigió el cese de la represión estatal, de torturas y muertes en cárceles, comisarías e institutos de menores. Se pidió la derogación del Código Contravencional de Corrientes, y que terminen las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas.

Asimismo, exigieron una política de salud pública que atienda la problemática de las adicciones, y se manifestaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad.