El juez Sebastián Casanello se apartó de la causa contra el gobernador, Gustavo Valdés, por los delitos de supuesto "encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" en el marco de la desaparición de Loan Peña. 

El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 se declaró incompetente para hacerse cargo de la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan.

La decisión del magistrado es a raíz de una cuestión de jurisdicción, según detalló la agencia Noticias Argentinas. En este marco, la causa ahora quedará en la Justicia Federal de Goya y no en los tribunales de Comodoro Py. 

La acusación alcanza también al senador correntino Diego Pellegrini; al desplazado ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte; a su sucesor, Alfredo Vallejos; y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros. El caso había quedado por sorteo en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 de Casanello.

En el Juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo, ya existe una denuncia similar contra Valdés presentada por el titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera. 

El hecho que desencadena la acusación es la ya famosa publicación que Valdés realizó en su cuenta de X el 29 de junio pasado, en la cual afirmó que “se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”.

Tras lo cual informó que “Laudelina (tía de Loan) declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”.

Los hechos narrados por la tía de Loan fue que su sobrino fue atropellado por el auto conducido por el matrimonio de Victoria Caillava y Carlos Pérez, quienes luego habrían descartado el cuerpo. Así nació la denominada hipótesis del accidente.

En su momento llamó la atención que la declaración de Laudelina Peña se haya dado ante funcionarios judiciales que dependen de la Provincia, cuando la causa ya estaba en manos de la Justicia Federal. Esos funcionarios fueron el fiscal de Estado, César Sotelo; y el fiscal provincial, Gustavo Robineau. 

Sin embargo, lo peor llegó una semana después, cuando la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, a cargo de la causa judicial, interrogó a Laudelina y la dejó detenida imputada de sustracción de menor. 

Días después, la mujer volvió a declarar y confirmó que la hipótesis del accidente fue mentira y que la versión falsa fue guionada por el abogado, José Codazzi; y el senador provincial, Diego Pellegrini.

Laudelina también afirmó ante la jueza que el legislador provincial le entregó 50.000 pesos el mismo día del testimonio.