Una columna de Nueva Mirada 

El Congreso debate una reforma laboral que el oficialismo presenta como una herramienta de modernización, pero que significa un giro regresivo en materia de derechos. El eje del cuestionamiento no es menor: el proyecto modifica pilares históricos de la legislación laboral argentina y altera el equilibrio entre empleadores y trabajadores.

Uno de los puntos más sensibles es el rediseño del sistema indemnizatorio. Se habilita el pago en hasta 12 cuotas —lo que en contextos inflacionarios implica una pérdida real de valor— y se reducen los montos al excluir conceptos como aguinaldo, vacaciones y bonos. 

A esto se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes del propio salario, que funcionaría como un esquema sustitutivo para afrontar despidos. Esto no solo abarata la desvinculación sino que también podría resentir los aportes al sistema previsional.

En paralelo, la iniciativa restringe derechos colectivos fundamentales: limita el derecho de huelga, condiciona las asambleas a autorización patronal, establece la prioridad de convenios por empresa por sobre los convenios nacionales y elimina la ultraactividad, dejando sin efecto acuerdos vencidos hasta tanto se renegocien. También se deroga la ley de teletrabajo, suprimiendo regulaciones vinculadas a la jornada, la desconexión digital y las tareas de cuidado.

El planteo crítico es que el denominador común de estas medidas es la ampliación del poder empresarial frente a un trabajador más aislado y con menor capacidad de negociación colectiva. Además que no hay en el texto incentivos concretos para mejorar la calidad del empleo ni herramientas orientadas a reducir la informalidad estructural.

Incluso en el plano judicial, se advierte que se introducen mecanismos que limitan el alcance efectivo de los reclamos laborales, afectando la reparación integral aun cuando el trabajador obtenga una sentencia favorable.

La discusión trasciende lo técnico, el debate es de fondo: si el trabajo debe ser regulado como un derecho social con protección colectiva o como un costo a reducir para dinamizar la economía. En ese cruce, el Congreso no solo vota una ley. Define un modelo de relaciones laborales para los próximos años.