A nueve años de la primera Marcha por la Soberanía al Lago Escondido, la Columna Juana Azurduy vuelve a movilizarse en la Patagonia argentina. La convocatoria de 2026 se da en un contexto marcado por incendios forestales de magnitud histórica, el avance de intereses privados sobre territorios estratégicos y una política estatal de recortes y desregulación que, según denuncian las organizaciones, profundiza la pérdida de soberanía.

Los incendios que arrasan la Patagonia no son presentados por los convocantes como hechos aislados ni como simples desastres naturales. Por el contrario, sostienen que son consecuencia directa de decisiones políticas. Un dato central es el recorte al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que en 2026 registra una caída real del 78,5% de su presupuesto en comparación con 2025, lo que limita seriamente la capacidad de prevención y control.

En paralelo, desde el gobierno nacional y varios gobiernos provinciales se impulsan modificaciones regresivas a normas clave como la Ley de Bosques, la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Tierras y la Ley de Glaciares. Para las organizaciones que marchan, estas reformas buscan habilitar negocios inmobiliarios, mineros y extractivistas sobre territorios devastados por el fuego, consolidando un modelo que prioriza la rentabilidad por sobre la vida y el ambiente.

Las cifras dimensionan la gravedad de la situación: en lo que va de 2026 ya se quemaron más de 230.000 hectáreas en la Patagonia, una superficie mayor a la de la Ciudad de Buenos Aires. A esto se suma la precarización de brigadistas y la dependencia creciente del voluntariado y de la solidaridad comunitaria para enfrentar una crisis que debería ser atendida de manera integral por el Estado.

En este escenario, el Lago Escondido vuelve a ocupar un lugar central. El acceso público al espejo de agua permanece bloqueado desde hace décadas, en una situación considerada inconstitucional y sostenida —según las denuncias— por la complicidad de sectores del poder político, judicial y económico. 

El antecedente de 2022, cuando jueces, fiscales, funcionarios y operadores mediáticos se reunieron en la estancia del magnate británico Joe Lewis, sigue siendo señalado como una muestra del entramado que protege intereses extranjeros sobre territorio argentino.

“La Patagonia no se quema sola ni se entrega por accidente: detrás del fuego hay decisiones políticas, desinversión y un modelo que expulsa a nuestro pueblo de su tierra”, sostuvieron desde la Columna Juana Azurduy, que vuelve a marchar junto a organizaciones sociales, gremiales y políticas de 17 provincias.

La Marcha por la Soberanía al Lago Escondido 2026 se propone, en ese sentido, visibilizar una problemática que excede a un lago o a una región. Mientras el fuego avanza y el Estado se retira, la consigna vuelve a escucharse en la montaña: el Lago Escondido es argentino, la Patagonia no está en venta y la soberanía no se negocia.