El miércoles se realizó la primera reunión de feminismos y disidencias en el Espacio Mariño de cara al próximo 25 de noviembre (#25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La idea es realizar ese día una gran movilización y durante todo el mes, diagramar concentraciones más pequeñas en puntos específicos de la ciudad. 

El objetivo es visibilizar la lentitud judicial y el mal accionar policial en casos de violencia de género. El último fin de semana la ciudad de Corrientes tuvo la tasa más alta en los últimos años de femicidios e intentos de femicidio. 

Sin mencionar que muchos casos de violencia de género involucran a funcionarios judiciales. Tal es el caso de Daniel Azcona, juez de lo Civil, Comercial, Laboral, Familia Niñez, Adolescencia y de Paz de Santa Lucía, y de Alejandro Aquino Britos, juez de del Tribunal de Ejecución Tributaria. 

A la par, se presentarán las correspondientes notas al Ministerio de Salud y al de Educación, pidiendo reuniones con lxs ministrxs. En esta última institución se hará hincapié en dos casos puntuales de violencia hacia docentes, un caso en Ituzaingó que involucra incluso hostigamiento, y otro caso de actos trans-odiantes a una docente de Caá Catí. Desde la organización de la movilización, destacan la urgente necesidad de que el Ministerio se explaye al respecto de los casos de las docentes. 

En la reunión además, organizaciones sociales denunciaron que el Centro de Monitoreo y Contención de Víctimas de Violencia Familiar y de Género no funcionaría como corresponde. Promotoras de género presentes expusieron que nunca les habrían dado la posibilidad de ingresar a los refugios para dictar talleres y hasta se habrían negado a la realización de una huerta. 

La situación más grave que se expuso, deviene de la aparente falta de seguridad en los refugios. Comentaron que lograron que una sobreviviente de violencia de género se quede en un refugio con sus hijxs, pero una madrugada el agresor se acercó al lugar y le pidió que ella y los menores se vayan con él. Entiendo la gravedad de los círculos de violencia y la aparente nula contención en el lugar, la mujer aceptó irse con él y desde esa fecha no tienen comunicación con ella. 

Otro punto que visibilizarán es la falsa promesa del ministro de Seguridad con la familia de Sandra Silguero. En la última movilización al cumplirse en marzo siete años del femicidio de Sandra, Karina, su hermana, y quien busca incansablemente justicia, tuvo una reunión con el ministro. Él le habría prometido crear un equipo de búsqueda para dar con el paradero de Daniel Borlicher, principal sospechoso del femicidio, y que una vez al mes Karina podía acercarse el ministerio por novedades. 

Todo esto habría quedado sólo en palabras, ya que no se habría materializado nunca. Por todo lo anterior, más todos los otros casos que signan a la provincia como el caso Dahse, el caso por el abuso sexual grupal de Caá Catí y el femicidio de Irina López, por mencionar algunos, las organizaciones feministas y disidencias planean un mes de actividades en el que expondrán las irregularidades que vulneran y revitimizan a sobrevivientes, víctimas y sus familias. 

Piden a la ciudadanía el acompañamiento en el reclamo, ya que la lentitud judicial es un tema común para toda la comunidad. A la par, la emergencia en violencia de género es una realidad que debe tratarse y combatirse. La próxima reunión será el miércoles 10 desde las 18:30 hs. en el Espacio Mariño.