En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones feministas, sociales y de la diversidad de Corrientes difundieron un documento político y un petitorio dirigido a autoridades provinciales y municipales, en el que plantean una agenda de demandas vinculadas a derechos, políticas públicas y condiciones de vida de mujeres y diversidades.

El planteo surge de los debates y encuentros realizados luego del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, realizado en la ciudad de Corrientes en 2025. A partir de esos intercambios, las organizaciones propusieron conformar una mesa de trabajo conjunta con el Estado para dar seguimiento a los reclamos y avanzar en políticas públicas con participación social.

En el documento difundido en el marco del 8M, las organizaciones señalaron que desde la asunción del gobierno nacional de Javier Milei se produjo un proceso de desarticulación de políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades de género, con recortes presupuestarios en programas específicos, eliminación de áreas institucionales y debilitamiento de herramientas destinadas a prevenir la violencia de género.

En ese contexto también advirtieron sobre el aumento de denuncias por violencia y remarcaron que la violencia contra mujeres y personas LGBTIQNB+ continúa siendo un fenómeno estructural en el país. Según datos citados por las organizaciones, durante 2025 se registraron 262 víctimas de violencia de género, entre femicidios, travesticidios y femicidios vinculados.

Entre las principales demandas planteadas al Ministerio de Salud de la provincia se encuentra garantizar el acceso efectivo a métodos anticonceptivos, preservar la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, fortalecer la respuesta frente al VIH y garantizar el acceso integral a la salud de personas trans conforme a la Ley de Identidad de Género.

También reclamaron políticas de salud mental con enfoque comunitario, dispositivos de prevención del suicidio y la declaración de emergencia provincial en materia de salud mental y consumos problemáticos.

En materia social, el petitorio propone políticas de vivienda y programas de acompañamiento para mujeres y personas travestis y trans en situación de vulnerabilidad, así como políticas específicas para adultas mayores travestis y trans y el cumplimiento de la ley de accesibilidad cognitiva.

En el área educativa, las organizaciones exigieron la implementación plena de la Educación Sexual Integral en todos los niveles y políticas de inclusión para estudiantes travestis y trans, junto con formación docente en perspectiva de género y diversidad.

El documento también plantea reclamos vinculados a violencia institucional y acceso a la justicia. En ese sentido se solicitó investigar casos emblemáticos en la provincia, entre ellos el travesticidio de Patricia Ramírez y el femicidio de Sandra Silguero, ocurrido hace once años, por el cual continúa prófugo Daniel Borlicher.

Además, las organizaciones pidieron garantizar el cumplimiento del cupo laboral travesti-trans en el Estado provincial, mejorar las condiciones de vida de mujeres privadas de libertad y fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia, incluyendo la preservación del Espacio para la Memoria del ex Regimiento de Infantería Nº 9 de Corrientes.

Entre los puntos del documento también se incluyen reclamos ambientales vinculados a la protección del río Paraná y la evaluación con participación ciudadana de proyectos de dragado que puedan afectar a comunidades ribereñas.

Finalmente, las organizaciones que integran la multisectorial reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social, y solicitaron la apertura de instancias institucionales de diálogo con el gobierno provincial y municipal para avanzar en una agenda de políticas públicas construida con participación social.