El presidente de la Nación, Alberto Fernández retrocedió en su decisión inicial de no acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este lunes informó que abonará con bonos del Tesoro la nueva coparticipación dispuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

La semana pasada, la Corte dio la sentencia por el conflicto que mantenían los gobiernos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, fallando a favor de la Administración que comanda Horacio Rodríguez Larreta. Caba recibirá 2,95% de coparticipación, cuando la Nación había establecido en el 2020 que los recursos coparticipables para el distrito porteño eran de 1,4%.

“Instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, comunicó Fernández a través de su cuenta de Twitter.

“Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, añadió.

El presidente recordó que los bonos consignados “ya fueron aceptados por la Corte Suprema para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe”. “no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, dijo.

Tras lo cual especificó que “dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.

En ese sentido, señaló que instruyó al Ministerio de Economía de la Nación “para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22”.

En primer término, Fernández aseguró que “estoy convencido que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”.

Por ello, ordenó al procurador del Tesoro a “presentar un recurso de revocatoria in extremis contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”. Y recusó jueces del máximo tribunal.

No obstante ello, aclaró que las decisiones judiciales “son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”.