En marzo debería volver a cobrar los beneficiarios del Potenciar Trabajo que fueron dados de baja en enero y que firmaron el Amparo, mediante el cual el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, dictó una medida cautelar obligando al Estado Nacional a que se los restituya en el programa.

Nueva Mirada Radio dialogó con el abogado que presentó el Amparo, Juan Manuel Cubilla Podestá, quien brindó detalles sobre lo ocurrido.

“En los primeros días de enero, cuando esta gente sin previo aviso se enteró por los medios que no iba a cobrar el Potenciar”, relató. Además, “por los medios también se difundía sus nombres y otros datos particulares advirtiendo que se les había iniciado una causa penal en Comodor Py por defraudación al Estado”, señaló. 

Cubilla Podestá indicó que, en Corrientes, “las bajas llegaron a 500 personas”. “Algunas de ellas se acercaron al Estudio Jurídico para contarnos su situación y manifestarnos que no trabajaban en la Provincia, que fue el motivo por el cual se les dio la baja del programa”. 

“Luego de una investigación, y en base a documentación oficial, pudimos constatar que estas personas, efectivamente, no trabajan en el Estado de Corrientes y fueron injustamente expulsadas del Potenciar Trabajo”, sostuvo.

Ante esta situación había dos caminos: “el que eligieron las organizaciones sociales, que es el más largo, que es iniciar el reclamo administrativo en el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Eso aún sigue sin solución”, contó el abogado. 

“y el otro era el que recomendamos nosotros, de ir por la vía judicial porque es el camino más rápido y el que le puede brindar a esta gente la respuesta más adecuada ante este hecho”, afirmó. 

En ese sentido, remarcó que “tuvimos la buena novedad de la Resolución del juez Vallejos, de habilitar la medida cautelar que le exige a la ministra de Capital Humano, Sandra Petobello, y al presidente, Javier Milei, a reincorporar a estas personas al Potenciar Trabajo 48 horas después de ser notificados”. 

“No estamos moviendo lo más rápido posible para que la mayor cantidad de gente cobre en marzo”, subrayó. 

No obstante, aclaró que la Resolución Judicial “solo es para la gente que presentó el amparo; y no abarca a todas las personas que siguieron el camino elegido por las organizaciones sociales de presentarle un reclamo a un Ministerio que se llama Capital Humano”. 

En ese sentido, mostró su contrariedad sobre la decisión tomada por los Movimientos Sociales. “Desde el momento que se le pone ese nombra al ministerio, ya sabes que para esta gente, las personas son cosas”, dijo. “Presentarle un pedido a la ministra Petobello, nos parece muy peligroso”, añadió.

Con respecto a las bajas que también se dieron en febrero, aseveró que el Ministerio “está ocultando información porque no dice el motivo de la suspensión”. “Lo cual obstaculiza la presentación del Amparo, pero estamos trabajando fuertemente para obtener esos datos y presentar la medida judicial”, aseguró.

“Uno de los motivos es que padres que cobran una pensión, y de ahí se le saca para pagar la cuota alimentaria de sus hijos. Y por eso le sacaron el potenciar a varias madres trabajadoras”, explicó. 

Asimismo, contó que la acción “también la llevamos adelante contra la provincia de Corrientes por la información enviada, y de la cual se valió Nación para llevar adelante las suspensiones. 

“Aunque la provincia negó rotundamente que haya enviado esa información, y Nación no aclaró el origen de esa información”, remarcó. 

“No se qué es más peligroso, sino el Gobierno de Corrientes se lave las manos o que el Gobierno de Milei tome una decisión tan drástica de dejar a 500 familias correntinas sin su ingreso”, completó.